El precio de los combustibles es uno de los factores que más impacta en el bolsillo de los argentinos y en la economía en general. La volatilidad de las subas genera incertidumbre tanto en consumidores como en comerciantes y transportistas, que deben enfrentar incrementos repentinos sin margen de previsión. En este escenario, la Legislatura bonaerense comenzó a analizar una iniciativa que busca dar mayor transparencia y previsibilidad al sistema de actualización de precios.
Qué propone el proyecto de ley
La iniciativa presentada establece que las empresas productoras y expendedoras de combustibles deberán informar cualquier modificación de precios con 72 horas de anticipación. La medida abarca naftas, gasoil y gas natural comprimido.
Las obligaciones incluyen:
- Petroleras: notificar a la autoridad de aplicación provincial los cambios en los precios con al menos 72 horas de antelación.
- Estaciones de servicio: comunicar los aumentos al público con un plazo mínimo de 48 horas antes de su aplicación, mediante cartelería visible, surtidores y canales digitales oficiales.
El objetivo es garantizar el derecho de los consumidores a contar con información adecuada y veraz, evitando los aumentos sorpresivos.
Sanciones previstas
El proyecto contempla un sistema de sanciones para quienes incumplan la normativa:
- Petroleras: multas equivalentes al valor de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper. En casos de reincidencia, podrían enfrentar la suspensión temporal de la habilitación comercial.
- Estaciones de servicio: sanciones de entre 100 y 500 litros de nafta, además de la clausura preventiva en caso de incumplimientos reiterados.
El texto aclara que la fijación de sanciones en litros de combustible permite que las multas se actualicen automáticamente y mantengan su capacidad de disuasión frente a la inflación.
Fundamentos de la iniciativa
La diputada Ayelén Rasquetti, de Fuerza Patria, defendió el proyecto afirmando que los aumentos repentinos impactan directamente en la vida cotidiana: “Afectan al trabajador, al comerciante, a quien usa el auto como herramienta para llegar a fin de mes”.
Entre los argumentos, se destaca que:
- La derogación nacional de la obligación de informar aumentos de combustibles generó un vacío normativo que perjudica a los usuarios.
- La provincia busca recuperar atribuciones en defensa de los consumidores, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional y la Ley 26.197 de Hidrocarburos.
- Se citan antecedentes judiciales como el fallo Provincia de La Pampa c/ Mendoza (2017), que ratificó la titularidad provincial sobre los recursos naturales, y el caso Halabi (2009), que reafirmó los derechos colectivos vinculados al acceso a la información.
Rasquetti remarcó: “El combustible no es un lujo, es una necesidad básica que impacta en los precios de todo lo demás”.
Próximos pasos en la legislatura bonaerense
De aprobarse, la ley entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo provincial definirá la autoridad de aplicación y tendrá la posibilidad de celebrar convenios con los municipios para fiscalizar el cumplimiento de la norma.
La legisladora señaló que la propuesta busca recuperar el rol del Estado como regulador y garante de derechos, frente a lo que consideró decisiones concentradas de las grandes petroleras que afectan directamente la economía de las familias bonaerenses.
