El plazo para que Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad depositaran los US$537 millones (equivalentes a $684.990 millones de pesos) impuestos como decomiso por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) venció este miércoles a las 9:30 de la mañana. Ninguno de los nueve condenados cumplió con el pago, por lo que la Justicia ya está en condiciones de iniciar la ejecución patrimonial de sus bienes.
El caso Vialidad, que investiga una maniobra de corrupción en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, determinó que la ex presidenta y otros implicados, como Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, deberán responder por el perjuicio causado al Estado. El juez Jorge Gorini, encargado de la ejecución de la sentencia, había intimado a los condenados a depositar la suma estipulada, pero al no cumplirse, ahora se procederá al embargo y remate de propiedades, cuentas y activos registrados a sus nombres.
Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta, solicitó a última hora la suspensión del decomiso, argumentando que el monto exigido es incorrecto. Según su defensa, el cálculo debería ser de aproximadamente $42.000 millones, y afirmó que su patrimonio, donado en 2016 a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, es legítimo y no proviene de la maniobra investigada. Sin embargo, el TOF 2 deberá resolver si acepta esta petición, mientras la Cámara de Casación revisará el planteo.
El patrimonio de la ex presidenta, que incluye 25 propiedades, tres empresas (Hotesur SA, Los Sauces SA y Co.Ma. SA), y depósitos en dólares, está bajo escrutinio. Aunque Kirchner declaró una fortuna de $250 millones en su última declaración jurada, la donación a sus hijos genera controversia. Fuentes judiciales indican que los bienes donados podrían ser decomisables si se cuestiona la validez de la operación, ya que una donación gratuita realizada antes de las medidas cautelares podría considerarse un “título imperfecto”.
La ejecución de bienes no solo afectará a Kirchner, sino también a los demás condenados, cuyos activos embargados serán actualizados para cubrir la suma ordenada. El caso, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia argentina, involucró el direccionamiento de 51 licitaciones a favor de Lázaro Báez, con sobreprecios que generaron un daño millonario al Estado.
Mientras la Justicia avanza, el fallo continúa generando repercusiones políticas. La expresidenta, inhabilitada perpetuamente para cargos públicos, enfrenta un escenario complejo tanto en el ámbito judicial como en el político, con movilizaciones de apoyo de la militancia kirchnerista y críticas desde el oficialismo, que celebra la sentencia como un avance en la lucha contra la corrupción.
