Con la entrada en vigencia de la Ley de Modernización Laboral 27.802, el esquema para liquidar un despido sufrió modificaciones profundas que reducen los montos finales respecto al régimen anterior.
Especialistas en derecho laboral detallan cómo se aplica la normativa actual y qué puntos todavía generan fuerte disputa en la Justicia.
Qué conceptos quedaron afuera del nuevo cálculo
La regla histórica se mantiene: te corresponde un sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses. Sin embargo, la reforma redefine qué es la “mejor remuneración mensual, normal y habitual”.
Para que un concepto sea habitual, debe haberse cobrado durante al menos seis meses dentro del último año. Lo más relevante es que la ley excluye expresamente de la base de cálculo el aguinaldo (SAC), las vacaciones no gozadas y los bonos o premios anuales.
Además, se eliminaron las multas por empleo no registrado o mal registrado, sanciones que anteriormente duplicaban o incrementaban de forma sustancial la indemnización final del trabajador.
Cómo funcionan el nuevo tope y el piso garantizado
La ley conserva el límite máximo que vincula la indemnización con los salarios básicos de cada actividad. Ese tope equivale a tres veces el promedio de las remuneraciones previstas en el convenio colectivo aplicable.
Para evitar recortes excesivos en los sueldos más altos, la normativa fijó un escudo protector. En ningún caso la aplicación de este tope puede reducir la base de cálculo por debajo del 67% de la mejor remuneración real del empleado.
Qué ocurre con la antigüedad si reingresás a la empresa
El artículo 9 de la reforma modificó el cómputo del tiempo de servicio, incluyendo los sucesivos contratos a plazo fijo celebrados con la misma firma.
Si un empleado renuncia o es despedido y vuelve a trabajar para el mismo empleador, conserva su antigüedad previa únicamente si el reingreso ocurre dentro de los dos años posteriores al cese. Si pasa más tiempo, el contador vuelve a cero.
Qué pasa si entraste a trabajar antes de la reforma
El criterio legal indica que ante una desvinculación rige la ley vigente al momento del despido, sin importar la fecha en la que comenzó el contrato original.
No obstante, este punto ya enfrenta duros reveses judiciales. En junio de 2026, un juzgado laboral declaró inconstitucional parte de la norma para contratos previos, invocando el principio de no regresividad y derechos adquiridos.
A este escenario se suma la reciente puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), reglamentado mediante el Decreto 408/2026 con vigencia desde el 1 de noviembre de 2026, un mecanismo que promete abrir nuevos debates sobre su implementación práctica.
