El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires dictó un proceso judicial contra el gendarme Héctor Guerrero, involucrado en el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo durante una protesta el 12 de marzo.
La jueza María Servini formuló cargos contra Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas, considerando su posición como miembro de una fuerza de seguridad. En su resolución, se aclaró que, además del disparo que hirió a Grillo, el gendarme realizó cinco disparos adicionales sin justificación.
Como parte de las medidas cautelares, el juzgado ordenó el embargo de los bienes de Guerrero, reflejando la gravedad de la situación.
El incidente ocurrió durante una movilización en apoyo a los jubilados frente al Congreso. Este caso se enmarca en un debate más amplio sobre el uso de la fuerza pública en protestas y la protección de los derechos de los periodistas en el país.
Las acciones de las fuerzas de seguridad en situaciones de aglomeraciones han sido objeto de análisis y crítica, especialmente en lo que respecta a garantizar la seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación.
La resolución del Juzgado Federal se recibió con atención, ya que pone en evidencia la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en el manejo de situaciones de agitación social. Este no es un caso aislado; se relaciona con otras investigaciones que continúan siendo cruciales para la salvaguarda de los derechos humanos en el contexto de protestas.
Las decisiones judiciales sobre este y otros casos similares podrían influir en futuros protocolos de actuación para las fuerzas de seguridad durante manifestaciones públicas.
