El Poder Ejecutivo Nacional ha presentado un nuevo proyecto de Presupuesto 2026 que promete introducir cambios significativos en el régimen de subsidios al gas natural. Uno de los puntos más controvertidos es la eliminación de la ampliación de las zonas frías, medida que benefició a más de 3 millones de hogares desde su implementación en 2021, principalmente en la provincia de Buenos Aires.
¿Qué propone el artículo 72 del proyecto de presupuesto?
Conforme al artículo 72 del proyecto, se plantea: “Deróganse los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637”, lo que sugiere que, bajo la administración de Javier Milei, los subsidios se limitarían nuevamente a la Patagonia, la Puna y el departamento Malargüe, tal como dictaba la normativa de 2002.
Las provincias que enfrentarán mayores repercusiones son aquellas con climas más templados, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que albergan aproximadamente el 72% de los beneficiarios actuales. Un informe de la consultora Economía y Energía indica que, tras la ampliación de 2021, el consumo por usuario en estas zonas creció un 8,8% entre 2021 y 2024, en contraste con una caída del 6,8% en otras partes del país.
Las zonas que perderán beneficios significativos
Desde la ampliación aprobada por ley en 2021, más de 1,24 millones de hogares en 95 municipios bonaerenses se beneficiaron con descuentos en sus tarifas de gas. Este grupo representa una parte crucial del espectro social afectado, dado que las zonas que recibieron la ayuda tienen una alta incidencia del gasto en gas sobre sus ingresos.
La ley de 2021 buscaba aliviar el impacto de las facturas en hogares que requieren mayor uso de calefacción pero que no tenían acceso a subsidios previos. Con la derogación de los artículos clave, los subsidios se reorientarán para cubrir únicamente a un millón de hogares que cumplen con los requisitos en las áreas previamente mencionadas.
Impacto en el esquema comercial y en el costo del gas
El proyecto de Presupuesto 2026 también incluye cambios en el artículo 70, que establece un recargo máximo del 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, con posibilidad de ajuste del 50% a discreción del Poder Ejecutivo. Los ingresos generados por este recargo podrían destinarse a compensar consumos anteriores de usuarios comerciales del Servicio General P, ampliando de esta manera el espectro de destinatarios antes de la implementación del nuevo régimen.
El análisis de Economía y Energía resalta que, aunque la normativa de 2002 era justificada por condiciones climáticas y socioeconómicas, la ampliación de 2021 incluyó regiones con temperaturas más benignas y un mayor PIB per cápita, lo que cuadruplicó el número de beneficiarios. La propuesta vigente busca lograr “mayor equidad y uso racional de la energía”, aunque expertos advierten que esto podría resultar en un incremento significativo en las tarifas para millones de usuarios en áreas con climas más templados del país.
