En un giro inesperado dentro de la agenda legislativa de 2026, el Poder Ejecutivo decidió dar marcha atrás con su propuesta más ambiciosa en materia de seguridad ciudadana. Tras haber enviado a la Cámara de Diputados el nuevo proyecto de Régimen Penal Juvenil que fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años, el oficialismo resolvió retirarlo apenas horas después de su ingreso. Esta decisión busca destrabar el debate parlamentario y asegurar la aprobación de una reforma que, aunque menos drástica, cuenta con un respaldo político más sólido entre los bloques dialoguistas.
Los motivos de la marcha atrás: la barrera de los 14 años
El principal obstáculo para la iniciativa original fue la resistencia de aliados estratégicos. Tanto el PRO como sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) plantearon una postura firme: acompañar una baja desde los actuales 16 años, pero con un límite infranqueable en los 14 años.
Ante el riesgo de sufrir una derrota legislativa o una aprobación con modificaciones sustanciales en el recinto, el Gobierno optó por una retirada táctica. El oficialismo retomará ahora el dictamen previo trabajado durante 2025, el cual establece el umbral de responsabilidad penal en los 14 años, una cifra que cuenta con el visto bueno de la mayoría de las comisiones y evita una confrontación directa con organismos internacionales como UNICEF.
Qué se mantiene en el nuevo esquema de reforma
A pesar de la renuncia a la edad de 13 años, el proyecto que se debatirá este jueves en el recinto mantiene ejes estructurales que buscan modernizar un sistema que data de la última dictadura militar (Ley 22.278):
- Régimen Diferenciado: Se prohíbe de manera taxativa que los menores cumplan sus penas en los mismos establecimientos que los adultos. El objetivo es crear centros especializados con personal capacitado en niñez y adolescencia.
- Financiamiento Específico: El texto incorpora una partida de $23.739 millones para la implementación del sistema. De este monto, una parte se destinará al Ministerio de Justicia y otra a la Defensoría General de la Nación.
- Convenios Provinciales: Se faculta al Estado Nacional a firmar convenios con las provincias para la construcción de nuevos institutos de menores, respondiendo a una demanda histórica de los gobernadores por el impacto presupuestario de estas medidas.
- Penas y Resocialización: Para delitos menores (con penas de hasta tres años), se priorizarán medidas alternativas como tareas comunitarias y reparación del daño, reservando la privación de la libertad como último recurso. El tope máximo de condena para delitos graves se fijó en 20 años.
El impacto político y social del cambio
Desde el Ministerio de Justicia argumentan que, independientemente de si el límite es 13 o 14 años, lo fundamental es que el Estado deje de ser “espectador” cuando organizaciones criminales utilizan a menores como “escudos” para cometer delitos graves.
Por otro lado, sectores de la oposición y especialistas en derechos humanos advierten sobre el principio de no regresión. Señalan que bajar la edad de imputabilidad no reduce el delito por sí mismo, sino que a menudo aumenta la reincidencia si no se acompaña de políticas de inclusión profundas. Actualmente, se estima que menos del 0,6% de los adolescentes en Argentina están vinculados a causas penales, lo que alimenta el argumento de que el problema requiere un abordaje más allá de lo punitivo.
Cronograma legislativo: ¿Cuándo se vota?
Con el retiro del proyecto de los 13 años y la adopción del dictamen de los 14, el cronograma parlamentario queda configurado de la siguiente manera:
- Miércoles 11 de febrero: Plenario de las comisiones de Justicia, Familia y Niñez, y Presupuesto para ratificar el dictamen.
- Jueves 12 de febrero: Sesión especial en la Cámara de Diputados para votar el proyecto.
Esta reforma es considerada por la Casa Rosada como una “prueba central de gobernabilidad” en el inicio del año, buscando mostrar capacidad de acuerdo con la oposición para avanzar en una de las promesas de campaña más demandadas por la sociedad argentina.
