El sistema escolar argentino se encuentra en el umbral de una de sus transformaciones más profundas de las últimas décadas. La administración de Javier Milei ha impulsado la Ley de Libertad Educativa, un proyecto de 169 artículos que apunta a reemplazar la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006. Con el objetivo declarado de otorgar mayor autonomía a las familias y a las instituciones, la iniciativa ha encendido un intenso debate entre quienes ven una oportunidad de modernización y quienes alertan sobre un riesgo de fragmentación social.
Los ejes centrales del cambio: ¿Qué propone la nueva ley?
La reforma no solo toca aspectos administrativos, sino que redefine la filosofía misma del aprendizaje en el país. Estos son los puntos clave que buscan transformar el aula:
- Educación en el hogar (Homeschooling): Por primera vez en la historia argentina, se reconoce oficialmente la educación dirigida por los padres o tutores fuera del sistema escolar tradicional. Los alumnos bajo esta modalidad serán evaluados mediante exámenes estandarizados periódicos para certificar sus conocimientos.
- Autonomía institucional ampliada: Las escuelas estatales podrán diseñar sus propios planes de estudio, seleccionar parte de su personal y administrar sus recursos con mayor independencia. Para las instituciones privadas, se consolida una autonomía organizativa y laboral casi total.
- Examen Nacional del Secundario (ENES): Se propone la creación de una evaluación obligatoria al finalizar el nivel medio para medir los resultados de aprendizaje en todo el territorio nacional.
- Contenidos mínimos reducidos: El Estado nacional solo fijará un núcleo básico común limitado en horas, dejando que el resto del tiempo escolar sea definido por el proyecto pedagógico de cada escuela.
Educación como “Servicio Esencial”: el fin de los paros totales
Uno de los artículos más discutidos es el que declara a la educación básica como un servicio esencial. Esto obliga a las escuelas a garantizar “mínimos de continuidad” durante cualquier medida de fuerza o conflicto laboral. En la práctica, esto significa que, aunque haya paro docente, las escuelas deberán permanecer abiertas y con una guardia mínima para asegurar que los alumnos reciban el servicio educativo, limitando el impacto de las huelgas tradicionales.
La polémica: ¿Libertad o desigualdad?
El proyecto ha generado una grieta de opiniones en la comunidad educativa. Los defensores de la ley, nucleados en el Consejo de Mayo, sostienen que el deterioro educativo actual es multicausal y que la única salida es empoderar a los directivos y a las familias frente al centralismo estatal.
Sin embargo, especialistas y gremios como SUTEBA y UEPC advierten sobre riesgos estructurales:
- Mercantilización: Algunos críticos sostienen que el proyecto fomenta un “mercado educativo” donde las familias dejan de ser ciudadanos con derechos para convertirse en clientes.
- Financiamiento por demanda: La posibilidad de implementar sistemas de vouchers o créditos fiscales para escuelas privadas es vista por sectores de la oposición como un desfinanciamiento encubierto de la escuela pública.
- Carrera docente: La ley propone una evaluación cada cuatro años y una estabilidad laboral condicionada al desempeño, lo que genera resistencia en los sectores sindicales por la posible precarización de la tarea docente.
Impacto en el sistema universitario y federalismo
La reforma también alcanza a la educación superior, sugiriendo que el financiamiento se asigne basándose en criterios de desempeño, como el número de egresados y la calidad de la producción científica.
Desde el punto de vista federal, la ley recalca que la responsabilidad primaria sobre la educación obligatoria recae en las provincias, mientras que la Nación se limita a fijar lineamientos generales y mecanismos de evaluación. Esto busca evitar la centralización de decisiones que, según los impulsores del proyecto, ha vuelto ineficiente al sistema actual.
Lo que viene para padres y alumnos
Si el proyecto avanza en el Congreso durante este 2026, las familias argentinas se encontrarán con un abanico de opciones mucho más diverso: desde formatos híbridos y virtuales hasta proyectos educativos altamente especializados por escuela. La clave para los usuarios será la transparencia de la información, ya que la ley prevé la publicación de los resultados de las evaluaciones por escuela (sin identificar alumnos), permitiendo a los padres comparar el rendimiento académico de cada institución antes de inscribir a sus hijos.
