La administración de las reservas internacionales volvió a quedar en el centro del debate público tras una decisión judicial que reactivó un reclamo por mayor transparencia. El caso se inscribe en un contexto de fuerte seguimiento sobre el rol del Banco Central y el manejo de activos estratégicos del Estado.
La decisión de la Cámara y el alcance del fallo
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó un fallo de primera instancia y ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) entregar información pública vinculada al envío de lingotes de oro al exterior. La resolución fue firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, integrantes de la Sala V.
Según el tribunal, la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente la declaración de “reserva total” sobre los datos solicitados, lo que vulneró los principios de publicidad, máxima divulgación y transparencia establecidos por la normativa vigente.
El origen del reclamo por acceso a la información
La causa se inició a partir de pedidos de acceso a la información pública presentados en julio y agosto de 2024 por la Asociación Bancaria, en el marco de la Ley 27.275.
Los requerimientos incluían, entre otros puntos:
- Detalles sobre eventuales envíos de lingotes de oro al exterior.
- Monto involucrado en las operaciones.
- Decisiones administrativas que autorizaron los movimientos.
- Funcionarios intervinientes y expedientes administrativos.
- Contratación de seguros.
- Posible intervención de la sindicatura del BCRA.
En una primera instancia, el amparo había sido rechazado bajo el argumento de que la difusión podía afectar la seguridad de las reservas y el funcionamiento del sistema financiero.
Por qué la Cámara revocó el fallo inicial
El tribunal sostuvo que el Banco Central se limitó a realizar afirmaciones genéricas, sin demostrar de manera concreta que la entrega de la información generara un daño real a intereses protegidos.
En ese sentido, los jueces remarcaron que:
- Las excepciones legales no pueden depender de una apreciación unilateral del organismo obligado.
- Es el Estado quien debe probar de forma específica el perjuicio que causaría la divulgación.
- Negar información sin fundamentos detallados impide el control ciudadano.
Además, subrayaron que la administración de las reservas internacionales constituye un asunto de indudable interés público.
El rol de la AGN y otros antecedentes
La Cámara también recordó que el BCRA se negó a brindar información similar a la Auditoría General de la Nación (AGN), lo que reforzó el cuestionamiento sobre la política de reserva aplicada en este caso.
Según el fallo, el organismo no explicó:
- Si efectivamente existieron operaciones de envío de oro.
- En qué ámbito se tomaron las decisiones.
- Si hubo expedientes administrativos formales.
- Si la sindicatura fue notificada.
Estos puntos fueron considerados esenciales para evaluar la legalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas.
Qué deberá hacer ahora el Banco Central
En línea con el dictamen del fiscal general, la Justicia ordenó que el Banco Central:
- Entregue la información solicitada.
- O, en su defecto, detalle punto por punto qué datos no pueden divulgarse.
- Explique de manera circunstanciada cómo la difusión podría afectar al sistema financiero o a los intereses del organismo.
El fallo también dispuso que las costas de ambas instancias queden a cargo del Banco Central, al resultar vencido en el proceso.
Un debate que vuelve a la agenda pública
La resolución judicial reaviva la discusión sobre los límites de la confidencialidad en la gestión de activos estratégicos y el alcance del derecho de acceso a la información pública. En un escenario de alta sensibilidad económica, el manejo del oro y de las reservas del BCRA vuelve a quedar bajo la lupa institucional y política.
