Una salida nocturna a una sala de juegos terminó convirtiéndose en una disputa judicial que se prolongó durante años. Un hombre recibió un comprobante por una suma millonaria de una máquina tragamonedas, pero cuando se acercó a la caja para cobrarlo, el establecimiento se negó a entregarle el dinero.
El cliente insistió en que el ticket había sido emitido por el propio equipo. Los responsables del bingo, en cambio, aseguraron que existía un error y cuestionaron la validez del comprobante. La controversia llegó a los tribunales bonaerenses y derivó en una sentencia que también examinó el trato recibido por el jugador.
El premio de casi $23 millones que desató el conflicto
El episodio ocurrió en la madrugada del 13 de agosto de 2022, en una sala de juegos del sur de la provincia de Buenos Aires. A las 2:06, una tragamonedas imprimió un ticket por $22.898.627,80, según quedó expuesto en el expediente judicial.
Minutos después, el mismo equipo emitió otro comprobante, esta vez por $10.000. Cuando el hombre presentó ambos en la caja, el establecimiento pagó el importe menor, pero no el millonario.
De acuerdo con la demanda, el cliente permaneció varias horas en el lugar para obtener una respuesta. Allí le comunicaron que el ticket de mayor valor se habría generado por una falla. Según su versión, recibió propuestas de $125.000 y luego de $250.000 para resolver el reclamo, que rechazó.
Ese mismo día intervino una escribana. En el acta notarial, representantes del establecimiento reconocieron que la máquina había emitido el comprobante, aunque afirmaron que no podían explicar su origen como premio.
Por qué el bingo se negó a pagarle
Las empresas responsables de la sala sostuvieron que el comprobante era inválido. Argumentaron que el jugador había mantenido trabado el botón de giro de la máquina con una tarjeta u objeto similar, y que no existía una combinación ganadora que justificara semejante monto.
También señalaron que el equipo tenía un tope de premios de $125.000 y que una ganancia extraordinaria debía activar mecanismos especiales de luces, sonidos y bloqueo, algo que, según la defensa, no ocurrió.
La discusión se concentró entonces en una cuestión decisiva: ¿quién debía demostrar que el ticket impreso por la tragamonedas no era válido?
Qué resolvió la Justicia de Bahía Blanca
El Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 2 de Bahía Blanca falló en primera instancia a favor del consumidor. La magistrada consideró que las empresas tenían el control de la máquina, su software, los registros informáticos y las cámaras de seguridad, por lo que estaban en mejores condiciones de acreditar un error concreto.
La pericia técnica no logró confirmar la supuesta manipulación como causa de una falla. Además, los registros internos del equipo tampoco reflejaban el ticket de $10.000 que sí había sido pagado, una inconsistencia relevante para evaluar la confiabilidad de los datos.
Ante la ausencia de una explicación técnica suficiente, la jueza consideró válido el comprobante presentado por el demandante. La sentencia aplicó principios de defensa del consumidor y destacó que los riesgos del funcionamiento de los equipos corresponden a quienes explotan comercialmente el servicio.
Cuánto deberán pagarle al jugador
La condena de primera instancia fijó un total de $32.198.627,80, más actualización e intereses. El monto se compone de:
- $22.898.627,80 por el premio reclamado.
- $5 millones en concepto de daño moral.
- $4,3 millones como multa civil por daño punitivo.
El fallo también ordenó levantar la prohibición de ingreso a la sala que pesaba sobre el hombre desde el día del reclamo. Para la jueza, no se había demostrado una razón objetiva que justificara impedirle el acceso, y esa decisión fue valorada como un trato incompatible con los derechos del consumidor.
La obligación de pago deberá cumplirse dentro de los diez días posteriores a que la resolución quede firme. Se trata de una sentencia de primera instancia, por lo que no corresponde afirmar que el cliente ya cobró el dinero ni que el expediente está definitivamente cerrado.
Qué importancia tiene el fallo para otros consumidores
Más allá de la cifra, la decisión judicial pone el foco en la responsabilidad de las empresas que operan sistemas electrónicos. Si un establecimiento desconoce un comprobante emitido por sus propios equipos, no alcanza necesariamente con atribuirlo a una falla: debe aportar pruebas concretas que respalden esa explicación.
El caso también recuerda que un conflicto comercial puede incluir otras consecuencias cuando el trato al cliente vulnera derechos reconocidos por la legislación de consumo. De todos modos, cada reclamo depende de sus circunstancias y de las pruebas disponibles.
