De cara al debate del Presupuesto 2027, la Casa Rosada analiza alternativas financieras para destrabar la disputa con las universidades.
Te detallamos la brecha multimillonaria en juego, la propuesta sobre aportes patronales y el panorama judicial de la norma.
Brecha de $3,3 billones y propuesta de fondos intermedios
La negociación económica parte de una diferencia sustancial entre la propuesta del Gobierno y el reclamo de los rectores.
El proyecto presupuestario fija unos $7,7 billones para el área, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exige $11 billones.
Frente a esa distancia, el Gobierno busca negociar un monto intermedio que no comprometa el equilibrio fiscal del presupuesto.
Cambios en las contribuciones patronales a través de ARCA
La segunda alternativa en estudio contempla aliviar los costos salariales mediante beneficios en los aportes previsionales.
Se evalúa revisar la alícuota que subirá del 13,65% en 2026 al 14,52% en 2027 para las instituciones del régimen especial.
Un esquema de reducción impositiva permitiría amortiguar los gastos de las universidades sin incrementar tanto las partidas puras.
Reformas a la Ley de Financiamiento Universitario
Con un acuerdo presupuestario y previsional en marcha, el Ejecutivo pretende reformar la Ley 27.795 impulsada por el Congreso.
Nación busca sustituir los mecanismos de actualización salarial automática por un nuevo marco acordado con los rectores.
El objetivo político principal es reducir los frentes de conflicto social y desactivar nuevas movilizaciones masivas antes del verano.
El frente judicial y el freno a las multas diarias
En el plano judicial, la discusión continúa tras la inconstitucionalidad dictada por el juez federal Martín Cormick.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó en suspenso temporal las multas diarias de $100.000 fijadas contra el Jefe de Gabinete.
