El Gobierno nacional inició el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa pública encargada de la gestión de rutas y autopistas en el país.
Según confirmaron fuentes oficiales, la concesión de la infraestructura se realizará bajo la modalidad de “obra pública por peaje”, lo que implica que las empresas adjudicatarias financiarán y ejecutarán las obras a cambio del cobro de tarifas a los usuarios.
El Ejecutivo justificó la medida al señalar que, pese a la existencia de concesiones privadas en varias autopistas, Corredores Viales S.A. operaba con un fuerte déficit. “Solo en 2023, la empresa le costó al Estado $301.000 millones, con una deuda con proveedores de $142.000 millones y pérdidas acumuladas por $268.000 millones”, detallaron.
Asimismo, desde la Oficina del Presidente argumentaron que el 45% de la red vial administrada por Corredores Viales no se encontraba en condiciones óptimas para la circulación vehicular, lo que refuerza la decisión de transferir su gestión al sector privado. “La administración estatal de la red vial no funciona. No es el rol del Estado la gestión de las autovías”, subrayaron.
Privatización y futuras licitaciones
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de llevar adelante el proceso de selección de concesionarios y la posterior disolución de Corredores Viales una vez adjudicados los tramos.
Actualmente, la empresa estatal gestiona más de 8.470 kilómetros de rutas en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones y San Luis, además del Acceso Riccheri. Con la privatización, también se incorporarán rutas que hasta ahora no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe, la RN 18 en Entre Ríos y la variante de la RN 19 en Córdoba.
El primer paso será la licitación de la “ruta del Mercosur”, un corredor de 670 kilómetros que anteriormente fue operado por la empresa privada CRUSA durante 30 años. Se espera que a fines de febrero se realice una audiencia pública para avanzar en el proceso.
Impacto laboral y oposición sindical
El anuncio generó preocupación entre los trabajadores del sector. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Vialidad Nacional, Fabián Catanzaro, advirtió que la experiencia de los ’90 fue negativa para el empleo: “Sobre un plantel de 8.000 trabajadores, luego de las concesiones solo quedaron 3.000″. Ante este escenario, el gremio se declaró en estado de alerta y movilización.
La privatización de Corredores Viales se enmarca dentro del plan de ajuste y reestructuración del Estado impulsado por la administración de Javier Milei, que también incluye la venta de empresas como Intercargo SAU, Enarsa, AySA, SOFSE y Belgrano Cargas y Logística S.A.
En el Gobierno aseguran que la iniciativa permitirá mejorar la calidad de las rutas sin que el Estado siga asumiendo costos millonarios. Sin embargo, la oposición y sectores sindicales alertan sobre el impacto que podría tener la medida en el empleo y en las tarifas que deberán pagar los usuarios.
