El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y sostuvo que está “diseñado para empeorar la situación de la Argentina”. En ese sentido, afirmó que la denominación de “modernización laboral” es incorrecta, ya que —según su visión— se trata de un retroceso en materia de derechos que remite a épocas previas incluso a la Asamblea del Año XIII.
En declaraciones radiales, el mandatario provincial advirtió que el país atraviesa una “emergencia laboral”, caracterizada por la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de empresas y la caída del poder adquisitivo de los salarios. “En ese contexto, esta ley parece pensada para agravar aún más el escenario”, señaló.
Kicillof confirmó además que el próximo jueves acompañará la movilización convocada por la CGT y las dos CTA, en rechazo a la reforma, cuyo tratamiento el Poder Ejecutivo nacional busca priorizar durante las sesiones extraordinarias del Congreso. La protesta se realizará en Plaza de Mayo y contará también con la participación de organizaciones sociales.
“Vamos a acompañar como Movimiento Derecho al Futuro y, por supuesto, como provincia de Buenos Aires”, expresó el gobernador, al tiempo que cuestionó la falta de diálogo previo en la elaboración del proyecto. Según remarcó, la iniciativa cuenta con 197 artículos y no fue consultada ni con las pequeñas y medianas empresas ni con los trabajadores.
El mandatario advirtió que avanzar con la reforma “por método de shock” sería un error y reclamó un debate profundo. “Lo que pretende el Gobierno en materia de derechos laborales es una regresión muy fuerte”, sostuvo, y trazó un paralelismo con las políticas de los años noventa, al recordar intentos de flexibilización laboral como la extensión del período de prueba o la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, en línea con exigencias del Fondo Monetario Internacional.
En ese marco, evocó la denominada “Ley Banelco”, impulsada durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que derivó en denuncias por presuntos sobornos a senadores para lograr su aprobación. “Era tan grave lo que proponían que recurrieron a prácticas que quedaron marcadas en la historia política del país”, afirmó.
Finalmente, Kicillof advirtió que la situación económica actual también impacta de lleno en la gestión provincial. Señaló que la caída de la actividad reduce la recaudación bonaerense y se ve agravada por una deuda que la Nación mantiene con la provincia, estimada en unos 13 billones de pesos, vinculada principalmente a fondos y programas con ejecución pendiente.
