Una investigación periodística efectuada por Sebastián Comini y publicada en el portal El Dolorense da cuenta que un año y medio después de que se iniciara una resonante investigación judicial en la ciudad de Dolores, para determinar si uno o varios funcionarios policiales se quedaron con el dinero destinado al pago de los servicios adicionales cumplidos por el personal subalterno – correspondiente al Corso y la Fiesta de la Guitarra 2014 efectuados en tal medio– se conoció oficialmente que las pericias contables solicitadas a la Procuración General confirmaron la existencia de irregularidades, con lo cual se está a las puertas de que se formalice la primera imputación en esta causa que por el momento está caratulada como “violación de los deberes de funcionario público”.
Por el caso se inició una investigación judicial – a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3, a cargo del Dr. Diego Torres – y como resultante de la misma se llevaron adelante allanamientos simultáneos en la Jefatura Departamental de Dolores y Jefatura Distrital y Comisaría de tal ciudad.
Un hecho inédito y bochornoso para la gestión del Comisario Mayor, Jorge Antonio Silva.
Esto sucedía días después del relevamiento de la Jefa Distrital, comisario inspector Marta Tolosa y del ex Jefe de Calle, Oficial Principal Ezequiel Montoya, quienes son algunos de los investigados por la Justicia para deslindar sus responsabilidades en el hecho que se investiga.
Los allanamientos tuvieron lugar el 21 de abril de 2014, siendo encabezados los mismos por el Fiscal Diego Torres, e intervino además personal de la División Asuntos Internos de la policía bonaerense, abarcando no sólo las dependencias mencionadas, sino también un sector privado ubicado en el primer piso del edificio donde funciona la Comisaría de Dolores.
Cabe consignar que la investigación se inició al recibirse un sobre anónimo en la sede de la Fiscalía mencionada, refiriendo su contenido a un supuesto delito que se habría perpetrado con la liquidación de los servicios prestados personal policial en el Corso y en la Fiesta de la Guitarra de Dolores, disponiendo el Dr. Torres en consecuencia una serie de medidas investigativas, las que permitieran corroborar la veracidad de lo denunciado.
El Fiscal solicitó entonces al Dr. Emiliano Lazzari, Juez a cargo del Juzgado de Garantías Nº 2 Departamental, la correspondiente orden de allanamiento, y siendo concedida la misma solicitó la intervención de Asuntos Internos para concretar el procedimiento y para que estos pudieran colaborar puntualmente en su realización, dado la experiencia de ese personal en este tipo de cuestiones.
La justicia puntualmente investiga las liquidaciones y los montos que se habrían abonado al personal de esas dependencias por las horas de servicio prestadas durante las mencionadas fiestas populares, ya que según lo denunciado, el personal no habría cobrado de acuerdo a lo pactado.
El personal del GAD denunció la falta de pago de las POLAD (Policía Adicional). Se debían pagar por 8 horas y terminaron cobrando por 4.
Respecto del personal de la Comisaría, algunos iban de CORES (Compensación Recargo de Servicio) y otros de servicio, por lo que nunca les fueron abonadas las POLAD.
La realidad sería que la Municipalidad de Dolores habría pagado la totalidad del servicio como POLAD, presumiéndose que algún oficial de alto rango habría retenido para sí la diferencia.
Durante el allanamiento se incautó el Libro de Guardia a fin de corroborar qué personal prestó ese servicio esos días, como también las planillas respectivas de liquidación de las horas adicionales de servicio.
La causa está caratulada como “Violación de los Deberes de Funcionario Público”, delito que habría sido perpetrado en perjuicio del patrimonio municipal, de la Provincia, y del personal al que se le abonó un servicio distinto al que realmente había prestado.
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