El Gobierno nacional confirmó que la TV Pública cambiará de nombre como parte de un proceso de reordenamiento de los medios estatales. Según el vocero Manuel Adorni, la medida busca marcar un quiebre simbólico con la identidad que tuvo en los últimos años y darle una impronta “menos kirchnerista”.
Si bien por el momento no está prevista una privatización —ya que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual exige aval del Congreso—, el Ejecutivo avanzó con una fuerte reestructuración interna: reducción de costos, retiros voluntarios, eliminación de programas y noticieros, y reemplazo de contenidos por producciones más económicas.
La intervención de Radio y Televisión Argentina fue prorrogada hasta febrero de 2027. Además, el propio Gobierno reconoció que evalúa la posibilidad de cerrar la señal en el futuro.
Desde los gremios denuncian salarios congelados y pérdida del poder adquisitivo, lo que profundiza el conflicto. En este contexto, el cambio de nombre aparece como el gesto más visible de una política que busca redefinir el rol de los medios públicos
