Contra un partido político mexicano,la causa se inició en La Rioja, luego ingresó al Juzgado Federal de Dolores, donde se la desestimó, actualmente tramita ante la Cámara Federal de Mar del Plata.
El Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Dr. Daniel Adler, hizo pública su presentación para que en prevención de un fraude a la ley, se rechace la ejecución de un pagaré de 22 millones de dólares contra un partido político mexicano.
La extraña historia de esta causa se inició en agosto de 2003, cuando la Sra. Rosario Robles Berlanga, con domicilio en Ciudad de México, en nombre del Partido de la Revolución Democrática (P.R.D.) de México se comprometió a pagar 400 millones de pesos mexicanos o su equivalente en dólares estadounidenses, conviniéndose como fecha de pago el 1° de agosto de 2011y la jurisdicción de tribunales argentinos.
Once años después, en julio de 2014, se constituyó en la ciudad de Chamical (Provincia de La Rioja) un Fideicomiso con el nombre de “Justicia y Verdad”, con el objetivo de ejecutar judicialmente los derechos sobre ese pagaré, iniciándose el reclamo que luego fue rechazado por el Tribunal Superior al declarar la incompetencia de la justicia provincial y la competencia de la justicia federal.
Contra dicho pronunciamiento el fideicomiso interpuso recurso extraordinario, que fue denegado, luego un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que se encuentra aún pendiente de resolución.
Tras ello se produce un cambio en la integración del fiduciario, y las dos mujeres que lo integraron se presentaron ante un escribano de la ciudad de La Plata y cambiaron en cuanto al objeto del mismo el lugar de ejecución del pagaré, determinándose que sería cualquier juzgado con competencia civil, comercial, federal y nacional y/o cualquier juzgado que pudiera crearse asignarse o decidirse dentro de Argentina. Además cambiaron el domicilio del fideicomiso a la ciudad de Chascomús.
Y en el mes de julio pasado el “Fideicomiso Justicia y Verdad -con domicilio en Dorrego 255 de Chascomús, inició en el Juzgado Federal de Dolores la ejecución del mencionado pagaré, acción a la que el Fiscal Dr. Juan Pablo Curi dictaminó en contra al considerar “que no pueden, a su antojo y apartándose de todo marco jurídico, impulsar la acción de la justicia en una jurisdicción y luego decidir iniciar la misma demanda en otra”, resaltando lo improcedente que resultaba que se tratara de utilizar en el caso el domicilio fijado en el contrato de fideicomiso para determinar la competencia del Tribunal.
De su parte al resolver el Juez Dr. Alejo Ramos Padilla, indicó que correspondía atender a lo dictaminado por el Agente Fiscal y declarar la incompetencia de la justicia federal de Dolores, ya que existía una demanda original en La Rioja y se carecía de elemento alguno que autorizara a los demandantes a litigar ante estrados de la provincia de Buenos Aires, resolviendo en consecuencia rechazar la presentación.
Apelada esta resolución ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, el Fiscal General Dr. Daniel Adler se expidió con distintos argumentos pidiendo que no se permitiera la ejecución del mencionado pagaré, entre ellos resaltando, que tratándose ambas demandas de idénticos casos correspondía ordenar el archivo de estas las actuaciones, porque en razón de principios básicos del proceso civil dos acciones idénticas no podían tramitar en forma paralela en dos jurisdicciones del país.
Pero también el Fiscal puso de manifiesto que se trataba de un caso sumamente particular, “tanto por las características del título, la envergadura del monto reclamado, su carácter internacional y las falencias que contiene a los fines de determinar la competencia territorial”.
Resaltó al respecto, que se trataba de un título ejecutivo creado en los Estados Unidos de México, la constitución de un fideicomiso con el único objeto de ejecutar un pagaré suscripto por más de veintidós millones de dólares y cuyo deudor lo constituye un partido político de ese país. “Esto de por sí genera algún tipo suspicacia” precisó el Dr. Adler.
Para el Fiscal General ese pagaré no puede ser ejecutado por el monto (22 millones de dólares al cambio actual); la extraterritorialidad del lugar donde fue suscripto (México); porque el demandado es un partido político mexicano; por el rechazo de la justicia en La Rioja; y porque el cambio de domicilio del Fideicomiso a Chascomús se hizo con el único objeto de ejecutarlo ante aquella resolución.
Pero además advirtió el Dr. Adler, que en el caso se daban una serie de indicios que advertían sobre la posibilidad de un fraude a la ley, pidiendo en consecuencia que se rechazara la acción y se archivaran las actuaciones.
