El sistema de transferencia y patentamiento de vehículos en Argentina atraviesa su transformación más profunda en décadas. En línea con el plan de desregulación y digitalización impulsado por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia ha dado un nuevo paso para despojar a los Registros Seccionales de funciones que históricamente encarecían y burocratizaban los trámites. Esta medida, oficializada este febrero de 2026, apunta directamente a reducir el “costo argentino” en la compra y venta de usados y 0km, eliminando la obligatoriedad de gestiones presenciales y aranceles que los usuarios consideraban obsoletos.
Qué funciones pierden los registros y cómo beneficia al usuario
La nueva normativa quita a los Registros del Automotor la facultad exclusiva de certificar ciertos procesos que ahora pasan a ser automáticos o digitales. Entre los cambios más destacados que ya impactan en el bolsillo de los conductores se encuentran:
Eliminación de la Cédula Azul definitiva
Tras la simplificación iniciada el año pasado, el Gobierno ha terminado de desvincular a los registros de la emisión de tarjetas para terceros. Ahora, la autorización para conducir un vehículo que no es propio se gestiona íntegramente a través de la aplicación Mi Argentina, sin costo alguno y con validez permanente mientras el titular no la revoque digitalmente.
Digitalización total del Legajo del Automotor
Los registros ya no tendrán la custodia física de los legajos de papel. La digitalización completa permite que cualquier trámite de informe de dominio o anotación de embargos se realice de manera remota. Esto elimina el concepto de “jurisdicción” obligatoria: el usuario ya no está atado al registro donde está radicado el auto, sino que puede elegir realizar gestiones de forma centralizada a través de la plataforma de la DNRPA.
Fin de la exclusividad en la verificación policial
Si bien la verificación física sigue siendo necesaria para la transferencia de unidades usadas, el Gobierno ha habilitado nuevos mecanismos para que el control de numeración de chasis y motor pueda ser validado por entidades certificadas más allá de las plantas policiales tradicionales, buscando agilizar los turnos y evitar las esperas de semanas.
Reducción de aranceles y el impacto en el precio final
Uno de los puntos que más interesa al público argentino es el costo de transferencia. Con la quita de funciones, se han eliminado varios ítems de la factura que los registros cobraban por “tareas administrativas”.
Actualmente, se ha reducido el arancel de transferencia para vehículos nacionales y extranjeros, unificando criterios que antes generaban disparidades injustificadas. Además, se ha avanzado en convenios con las provincias para que el impuesto a los Sellos y las multas de tránsito no sean un impedimento bloqueante dentro del registro, permitiendo que el trámite de dominio avance de manera independiente a las deudas municipales, las cuales se pueden saldar por canales electrónicos separados.
La figura del Registro Digital y la autogestión
El objetivo final del Ministerio de Justicia es que el Registro del Automotor funcione como una base de datos transparente y no como una oficina de atención obligatoria. Para ello, se ha potenciado el Formulario 08 Digital, que ahora permite la firma certificada mediante datos biométricos del celular, eliminando en muchos casos la necesidad de acudir a un escribano o al propio registro para certificar la firma del vendedor y el comprador.
Este sistema de autogestión busca que una transferencia que antes tomaba entre 48 y 72 horas, además de dos visitas presenciales, pueda resolverse en menos de 24 horas y de manera remota.
El futuro de los empleados y los titulares de registros
La quita de funciones ha generado un fuerte debate sobre la estabilidad de los Registros Seccionales. El Gobierno ha sido claro: los registros que no logren adaptarse a la digitalización o que no resulten sustentables ante la baja de aranceles irán cerrando o fusionándose. Se estima que en esta nueva etapa, el sistema pasará de tener más de 1.500 registros en todo el país a una red mucho más compacta y eficiente, centrada en la supervisión legal y no en la recaudación.
Para el usuario, este cambio representa no solo un ahorro económico (que se estima entre un 20% y un 30% del costo total del trámite según el modelo), sino también una ganancia invaluable en tiempo y transparencia, eliminando la intermediación forzosa de gestores en trámites sencillos.
