Esta historia ocurrió hace 26 años, pero no deja de estremecer. Una mujer se dirigió por aquel entonces al hospital de la Municipalidad de Daireaux para dar a luz a su primer hijo.
El parto, como puede llegar a ocurrir, se complicó por lo que la valiente mamá tuvo que recibir una transfusión de sangre. Finalmente nació Juan Cruz y todo hubiese quedado en una anécdota, salvo por un problema.
Al poco tiempo, la mujer quedó embarazada de nuevo y al realizarse los correspondientes análisis se le detectó en su organismo el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
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Tras un largo proceso de investigación, se detectó que su primer hijo también padecía la enfermedad como también la nena que llegaría poco tiempo después.
Esta última pudo ser tratada y su situación fue revertida a partir de un largo periodo de tratamientos. A partir de ahí, se inició en la década del 90 una causa judicial por el contagio de HIV como consecuencia de la transfusión de sangre contaminada, luego de la cesárea que le fuera practicada a la madre, y a través de la lactancia al recién nacido.
De esta manera, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Trenque Lauquen condenó a pagar a la Municipalidad de Daireaux una suma que, con intereses y costas, superaría los 250 millones de pesos, en una sentencia que bate todos los récords en materia de indemnización de daños y pone en jaque a la Municipalidad demandada.
Desglosando los valores, Juan Cruz deberá recibir por parte de la municipalidad comandada por Esteban Alejandro Acerbo del FpV 46 millones de pesos, más interés por 20 años y las costas del juicio. Además, el Municipio debe abonar en forma vitalicia más 50 mil pesos mensuales, para afrontar tratamientos. Eso serían aproximadamente $250 millones.
La sentencia dictada contiene distintos valoraciones y fundamentos para determinar las indemnizaciones por los padecimientos y afecciones sufridas por las víctimas. Cabe destacar que la madre murió en el año 2001 por deterioro de su salud a causa de dicha enfermedad, mientras que su hijo tuvo que soportar múltiples perjuicios en una localidad de 15 mil habitantes.
Esta sentencia dejaría en bancarrota al municipio, ya que correspondería al presupuesto anual de la municipalidad. “Mi vida es muy complicada. Me faltó mi mamá desde muy chico y hubo mucha discriminación. No tuve nunca una vida normal. Sufrí mucha discriminación en todos lados, nadie se quería acercar. Solo se me acercaba la gente humilde”, contó Juan Cruz.
En diálogo con TN, el joven explicó que sus maestros eran “buenos por lástima” y aseguró que no le desea esta vida a nadie. Por otra parte, el abogado de la familia, Eduardo Bustamante, afirmó que la causa tardó más de 25 años por culpa del “poder político que opera sobre los jueces, sobre todo cuando se trata de un hospital municipal”.
Según Juan Cruz, recibió la ayuda económica de su abogado para tratarse en Buenos Aires, ya que no tenía plata ni para costear un viaje en colectivo. “Me ayudaron mucho tiempo y ahí me pasé a Bahía. Me estuvieron ayudando por mucho tiempo porque no tenía manera”, explicó.
“Nunca atinaron a ayudarlo. Ellos hace ocho años que tienen la sentencia firme. Podían haber previsto este gasto. En tres oportunidades les dije que pagaran mensualmente. De esto hace 15 años y me dijeron que no tenían interés”, explicó el letrado.
Por su parte, Juan Carlos González, padre de la víctima, no pudo contener las lágrimas y se mostró conmovido en todo momento. Envuelto en el dolor al ver a su hijo sufrir durante 26 años y ser testigo del desgaste de su mujer quien falleció producto de la enfermedad.
Según Bustamante, el Municipio apelará la sanción y ya habría encontrado la ayuda política necesaria para “penetrar” en la Suprema Corte de Justicia y revertir esta situación. “Están operando. Esto no es apelable, cuando alguien fija un monto no es apelable”, señaló. Hoy en día, Juan Cruz solo recibe la plata por mes para llevar adelante el tratamiento.
