Ley de Discapacidad aprobada por unanimidad en el Senado: todos los cambios en pensiones, aranceles y plazos de auditoría

Este jueves 19 de noviembre de 2026, el Senado sancionó por unanimidad (71 votos a favor y ninguno en contra) la nueva Ley de Discapacidad.

La flamante norma —denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad— reemplaza el régimen de emergencia que vencía el 31 de diciembre de 2026 por un marco legal definitivo. Ahora resta únicamente su promulgación y reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, para lo cual la ley fija un plazo máximo de 30 días.

Cuánto se cobra de pensión y qué pasa con los prestadores

Con la sanción definitiva, las pensiones no contributivas por discapacidad y por invalidez laboral mantienen su monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, actualizándose automáticamente según la movilidad del SIPA.

Para los profesionales y centros de atención del sector, la ley establece tres garantías fundamentales:

  • Ajuste mensual por inflación: Los aranceles del nomenclador único se actualizarán de forma automática y periódica tomando como referencia el índice de movilidad jubilatoria (vinculado al IPC).
  • Plazos concretos para cobrar deudas: El Gobierno nacional tendrá 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley para publicar el cronograma de pagos de compensaciones adeudadas y 90 días corridos para cancelarlas a quienes completaron el trámite.
  • Blindaje presupuestario: Se garantiza que las partidas asignadas al área dentro del Ministerio de Salud nunca podrán ser inferiores, en términos reales, a las del año anterior.

Pensión y trabajo formal: ya no son excluyentes

Uno de los avances más celebrados de la nueva ley es que tener un empleo registrado o estar inscripto en el monotributo deja de provocar la baja automática de la pensión, siempre que los ingresos netos individuales sean inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

En caso de superar ese tope salarial, el beneficio se suspende únicamente mientras dure esa situación. Si la relación laboral finaliza —por cualquier motivo— o los ingresos vuelven a caer debajo del límite, el titular podrá solicitar la rehabilitación inmediata, que regirá desde la fecha del pedido.

Requisitos obligatorios para acceder a la pensión por discapacidad

La ley ratifica al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como herramienta central de acceso y asegura la cobertura médica integral a través del programa Incluir Salud (o el que lo reemplace). Para tramitar la pensión se exige:

  • Identidad y residencia: Presentar DNI y CUD vigente. Ser argentino nativo, por opción o naturalizado; los extranjeros deberán acreditar al menos cinco años de residencia legal continuada.
  • Tope de ingresos individuales: Percibir ingresos netos inferiores a dos salarios mínimos (medidos de forma individual y no por grupo familiar) y no cobrar otra jubilación, retiro, pensión ni AUH con discapacidad.
  • Evaluación socioeconómica y vivienda: Aprobar la evaluación socioeconómica reglamentaria y, si el solicitante es propietario de un inmueble, acreditar que constituye su única vivienda familiar.

Auditorías con plazo de 60 días para presentar descargo

La Secretaría Nacional de Discapacidad quedará facultada para realizar auditorías periódicas cruzando datos con ANSES, ARCA, la Secretaría de Trabajo, SINTyS y ReNaPer con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos.

Sin embargo, la norma prohíbe los recortes sorpresivos: ante cualquier inconsistencia detectada, el organismo deberá notificar formalmente al titular, informar los motivos y otorgarle un plazo de 60 días para presentar su descargo antes de avanzar con una suspensión preventiva.

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