Una decisión publicada en el Boletín Oficial volvió a poner a Bahía Blanca entre los puntos clave del desarrollo energético argentino. El proyecto vincula la producción del sur del país con infraestructura industrial y portuaria bonaerense, en un esquema pensado para procesar y comercializar líquidos derivados del gas natural.
La medida fue formalizada por el Ministerio de Economía mediante una resolución del 12 de noviembre de 2026, publicada al día siguiente. No se trata de una obra ya terminada ni de una inauguración: es la aprobación de un plan de inversión bajo un régimen nacional de incentivos.
El alcance del proyecto se entiende mejor al mirar los montos comprometidos, el trazado del ducto y las instalaciones previstas en la zona de Bahía Blanca.
El proyecto aprobado y la inversión comprometida
La Resolución 1976/2026 aprobó la adhesión de Midstream de Gas del Sur SA al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), dentro del sector de petróleo y gas y el subsector de transporte y almacenamiento.
De acuerdo con la resolución oficial publicada en el Boletín Oficial, la compañía declaró una inversión total en activos computables de USD 1.849.581.183,36, una cifra cercana a los 1.850 millones de dólares.
El plan contempla infraestructura para transportar, fraccionar, almacenar y despachar productos obtenidos a partir de los líquidos del gas natural. Parte de esa producción se destinaría principalmente a mercados del exterior.
Por qué Bahía Blanca es una pieza fundamental
Uno de los componentes principales es un poliducto de 577 kilómetros y 20 pulgadas de diámetro que conectará la planta de Tratayén, en Neuquén, con General Daniel Cerri, en el área de Bahía Blanca.
También se prevé una planta de fraccionamiento con capacidad para procesar 90.000 barriles diarios de mezcla de líquidos del gas natural. El diseño agrega tres ductos de transferencia de 16 kilómetros, instalaciones de almacenamiento y despacho y conexiones con el Puerto de Bahía Blanca.
La localización es estratégica porque el puerto ofrece salida logística para productos como propano, butano y gasolina natural. En términos prácticos, el proyecto no se limita a tender una cañería: busca conectar producción, transformación industrial y exportación.
Cuándo comenzarían a operar las instalaciones
La documentación presentada por la empresa señala que la construcción comenzó en mayo de 2026 y establece como fecha estimada para el inicio de las operaciones el 1 de febrero de 2030. Es un cronograma previsto y puede estar sujeto a la ejecución efectiva de las obras.
La resolución también fija el 31 de julio de 2027 como fecha límite comprometida para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables y establece obligaciones de acreditación de avances durante los primeros años del régimen.
Esto es importante al evaluar el impacto local: la aprobación administrativa habilita beneficios y fija obligaciones, pero no significa que todas las inversiones hayan sido desembolsadas ni que la infraestructura anunciada esté ya en funcionamiento.
Qué impacto podría tener en proveedores y trabajo local
El expediente incorpora un plan de desarrollo de proveedores locales que prevé contratar bienes y obras por un porcentaje equivalente, como mínimo, al 20% de la inversión total, considerando las etapas de construcción y operación. La obligación se enmarca en la presentación aprobada de la empresa.
La actividad asociada podría abrir oportunidades para firmas de ingeniería, transporte, montaje, mantenimiento industrial y servicios de la región. No obstante, la resolución no permite afirmar por sí sola una cifra concreta de puestos de trabajo nuevos, ni garantiza adjudicaciones específicas a empresas de Bahía Blanca.
Para el sudoeste bonaerense, el interés también está en la posibilidad de fortalecer cadenas productivas ya vinculadas a petroquímica, logística y actividad portuaria. La evolución real dependerá del avance físico de las obras y de las contrataciones que se realicen.
Qué es el RIGI y qué falta por seguir
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, creado por la Ley 27.742, establece condiciones e incentivos para proyectos que cumplan requisitos de inversión, plazos y control. La autoridad de aplicación analiza las solicitudes y supervisa el cumplimiento de las obligaciones asumidas.
En este caso, el Gobierno nacional aprobó formalmente la adhesión del vehículo del proyecto, pero las futuras etapas siguen sujetas a seguimiento oficial. La fecha de operación prevista para 2030 muestra que el impacto más amplio será gradual.
Con la publicación de la resolución, Bahía Blanca gana protagonismo en una inversión de alcance nacional que une la cuenca neuquina y la salida atlántica bonaerense. Las novedades relevantes de aquí en adelante serán el avance constructivo, la contratación de proveedores y el cumplimiento de los hitos establecidos.
