La disputa por los montos en las facturas de electricidad sumó un capitulo central en los tribunales bonaerenses. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y las cuatro principales distribuidoras apelaron la medida cautelar que había congelado las tarifas y dispuesto la devolución de los incrementos.
La apelación conjunta del Ejecutivo y las distribuidoras
La Fiscalía de Estado de la Provincia, en acción coordinada con EDEN, EDEA, EDES y EDELAP, interpuso un recurso para anular el fallo de la Defensoría del Pueblo.
La resolución judicial suspendida fijaba subas de entre el 1,5% y el 3,5% vigentes desde el 1° de julio bajo la Resolución N° 585/2026 del Ministerio de Infraestructura.
La controversia sobre la audiencia pública y el régimen de transición
El fallo judicial invalidó los incrementos argumentando que hace diez años no se realizan audiencias públicas para actualizar los componentes locales de la tarifa.
Desde el Gobierno bonaerense sostienen que la medida se encuadra en una “Etapa de Transición Tarifaria” prorrogada hasta el 31 de marzo de 2027, la cual no demanda convocatorias previas para ajustes técnicos.
La advertencia de las empresas por un esquema “híbrido” e inaplicable
Las distribuidoras señalaron la impracticabilidad de la cautelar, dado que las obliga a facturar con valores vencidos pero aplicando los precios nacionales de la energía.
Aseguran que esta distorsión crea un cuadro tarifario híbrido de imposible ejecución, impactando también sobre la posterior Resolución N° 682/2026 que actualizó el esquema.
Alerta por el financiamiento del servicio y las deudas con CAMMESA
Las empresas advirtieron en su presentación que retrotraer los ingresos compromete la operatividad, el mantenimiento de la red y el pago de salarios.
Además, remarcaron que la merma en la recaudación afectará los acuerdos de pago de deuda firmados con CAMMESA en 2025, arriesgando embargos en sus cuentas bancarias.
