La incertidumbre crece entre estudiantes y docentes ante el dictado de un nuevo paro de 72 horas que paralizará la actividad académica.
La medida fue confirmada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y afectará de forma directa a casas de altos estudios como la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El reclamo central exige la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición urgente de los haberes.
Las fechas del paro y la condición para suspenderlo
El paro docente está programado para iniciarse este miércoles 30 de septiembre y se extenderá durante tres jornadas consecutivas.
Sin embargo, desde la CONADU aclararon que la medida de fuerza únicamente se suspendería si el Gobierno nacional otorga antes del martes 29 de septiembre la recomposición del 33,4% que contempla la normativa vigente.
Porcentajes en discusión: del 3% ofrecido al reclamo gremial
La medida de fuerza se adoptó tras el rotundo rechazo a la última propuesta paritaria del Poder Ejecutivo, que consistió en un incremento de tan solo el 3%.
Según señalaron los gremios en coordinación con la CONADU Histórica, el retraso acumulado exige una actualización salarial cercana al 30% para equiparar la pérdida del poder adquisitivo. Ante la falta de acuerdo, los docentes ya convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.
La judicialización de la Ley de Financiamiento Universitario
En el plano judicial, el conflicto sumó un nuevo capítulo luego de que el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimara al Ejecutivo por “incumplimiento total” de la medida cautelar.
El fallo judicial ordena aplicar de forma inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, orientados a la actualización salarial de docentes y no docentes, así como al reajuste de las becas estudiantiles, bajo apercibimiento de fijar multas diarias.
La respuesta del Gobierno y los pasos a seguir
Desde la gestión nacional anunciaron que apelarán la intimación judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
El argumento central del Gobierno sostiene que los requerimientos de la cautelar —dictada originalmente en diciembre de 2025— ya fueron informados y acreditados dentro del expediente, por lo que consideran agotadas sus obligaciones legales.
