Frente a la escalada del conflicto presupuestario y las continuas medidas de fuerza, la Justicia tomó una determinación categórica respecto a los fondos de la educación superior. Un nuevo fallo fijó un ultimátum al Gobierno para acatar la normativa vigente antes de aplicar penalizaciones económicas directas.
El fallo del juez Cormick y el plazo de cinco días
El juez federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a dar cumplimiento total a la Ley de Financiamiento Universitario en un plazo perentorio de 5 días.
El fallo responde a la medida cautelar que exige garantizar los artículos 5 y 6 de la normativa, abocados a la recomposición salarial y becas.
En caso de no cumplir con la orden en el lapso estipulado, el magistrado advirtió que aplicará astreintes (multas diarias) por cada jornada de demora.
La brecha salarial: el reclamo de un 31,2% frente a la oferta oficial
El conflicto central radica en la pérdida del poder adquisitivo que denuncian los gremios docentes y no docentes frente a la inflación.
Las federaciones universitarias reclaman un atraso y recomposición adeudada del 31,2% en sus haberes.
Por su parte, la última propuesta paritaria realizada por el Gobierno se situó en apenas un 3% de incremento, lo que profundizó el rechazo gremial.
Cronograma de paros escalonados y medidas de fuerza
A la espera de una respuesta formal del Ejecutivo, la comunidad universitaria mantiene activo un plan de lucha en todo el país.
Durante esta semana se registran paros escalonados en distintas facultades de la UBA y en casas de altos estudios nacionales.
Las medidas gremiales continuarán de forma progresiva a lo largo de las próximas semanas afectando el dictado habitual de clases.
Fecha confirmada para la quinta Marcha Federal Universitaria
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a las agrupaciones gremiales ratificaron la convocatoria a una nueva movilización masiva.
La quinta Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo el próximo jueves 15 de octubre.
La protesta tendrá su epicentro frente al Palacio de Tribunales para exigir la actualización de presupuestos, becas y salarios.
