Si usás plataformas digitales para financiar compras o solicitar préstamos rápidos, una nueva investigación oficial busca proteger tu bolsillo frente a condiciones irregulares.
Las autoridades de la provincia de Buenos Aires abrieron expedientes de imputación de oficio contra varias empresas del sector debido a denuncias por tasas desmedidas, fallas de información y acoso en el cobro de deudas.
Diagnóstico de morosidad y crecimiento del endeudamiento
El contexto socioeconómico derivó en un incremento de la morosidad que ya alcanza al 60% de la población adulta en el país, lo que representa a cerca de 21 millones de personas.
Según las estadísticas oficiales presentadas por el gobierno bonaerense, el nivel de incumplimiento en el ámbito de las financieras no bancarias subió drásticamente al 43%, mientras que la mora en créditos tomados por billeteras virtuales cuadruplicó sus registros previos.
Las irregularidades detectadas y las empresas imputadas
A través de la Dirección de Defensa del Consumidor, la Provincia ya sumó 2.240 denuncias dirigidas a firmas como Mercado Pago, Ualá, Naranja X y Cencosud.
Entre los principales incumplimientos detectados se destacan la falta de transparencia en los costos, la ausencia del botón de arrepentimiento y la aplicación de tasas de interés que se ubican entre el 700% y el 1000% según el perfil del usuario.
Acoso a deudores y reclamos por cobros hostiles
El expediente judicial y administrativo puso la mirada sobre las metodologías empleadas por los prestadores y estudios de cobranza tercerizados ante la entrada en mora de las familias.
Se reportaron maniobras de hostigamiento y acoso mediante llamadas reiteradas a puestos de trabajo, contactos a familiares no titulares del crédito y amenazas de embargos sin la intervención judicial correspondiente.
Exigencias de información y multas de hasta $1.883 millones
La medida impulsada exige a las fintech detallar con qué criterios fijan las tasas para cada cliente y adecuar sus términos contractuales a la normativa vigente de protección al consumidor.
En caso de no corregir las prácticas objetadas o de comprobarse las infracciones, las sanciones económicas contempladas por la regulación bonaerense pueden alcanzar un tope de $1.883 millones por empresa.
