La Cámara Nacional Electoral declaró la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025.
Esta normativa, impulsada por el presidente Javier Milei, pretendía realizar una reforma estructural profunda en la Ley de Migraciones vigente.
Los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Daniel Bejas firmaron el fallo que deja completamente sin efecto la medida oficialista.
El freno a las facultades del Gobierno
El núcleo del conflicto radicaba en que el decreto transfería de forma exclusiva el otorgamiento de la ciudadanía a la Dirección Nacional de Migraciones.
Dicho organismo depende directamente del Ministerio de Seguridad, lo que implicaba desplazar por completo a los jueces federales de este proceso.
La Justicia determinó que el Gobierno actuó en exceso de las atribuciones que la Constitución Nacional le confiere al Poder Ejecutivo.
Por qué se declaró inconstitucional
El tribunal recordó que el otorgamiento de la ciudadanía es un vínculo jurídico-político que habilita directamente el ejercicio de los derechos políticos, como el voto.
Por este motivo, la Constitución prohíbe taxativamente al Presidente regular en materia electoral a través de un decreto de necesidad y urgencia.
Además, los magistrados señalaron que no existían razones de urgencia real que justificaran saltear el debate correspondiente en el Congreso.
Cómo siguen los trámites desde ahora
A partir de este revés judicial, todas las solicitudes de naturalización deben continuar bajo las reglas tradicionales de la Ley 346.
Esto significa que los trámites volverán a resolverse de manera obligatoria ante los jueces federales con competencia electoral.
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Si bien la Casa Rosada todavía tiene la opción de apelar ante la Corte Suprema, el fallo frena de inmediato la reforma administrativa implementada por el Ejecutivo.
