En una movida legislativa estratégica, el Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso dos proyectos de ley que buscan transformar el abordaje de la salud mental en Argentina y establecer un marco de control estricto sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez. Las iniciativas, ingresadas con la firma del presidente Javier Milei y sus ministros el pasado viernes 17 de abril de 2026, pretenden actualizar normativas que el oficialismo considera obsoletas o vulnerables a irregularidades administrativas.
Reforma de la Ley de Salud Mental: hacia una mirada médica y técnica
El proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657) propone un giro significativo respecto a la legislación vigente desde 2010. El objetivo central es superar las limitaciones actuales para el abordaje de crisis y emergencias, otorgando un rol más preponderante a los especialistas médicos y ajustando los criterios de internación.
Entre los puntos más destacados de la reforma se encuentran:
- Rol del psiquiatra: Se establece la obligatoriedad de que al menos uno de los profesionales que determine una internación involuntaria sea médico psiquiatra, buscando una evaluación clínica más precisa.
- Criterios de internación: Se sustituye el concepto de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”. Esta nueva definición es más amplia y permite intervenciones preventivas en situaciones que hoy quedan desamparadas por la rigidez de la norma actual.
- Diagnóstico preciso: El documento propone abandonar el término “padecimiento mental” por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), incorporando el concepto de “trastornos mentales o del comportamiento” para evitar ambigüedades.
- Red de atención: Se habilitarán hospitales generales para casos leves, mientras que las instituciones especializadas y monovalentes quedarán reservadas para cuadros graves que requieran recursos específicos.
Lucha contra el fraude en las Pensiones por Invalidez Laboral
El segundo proyecto enviado al Congreso apunta directamente a frenar las irregularidades en el otorgamiento de Pensiones No Contributivas por Invalidez. Según el Ejecutivo, se han detectado inconsistencias en miles de beneficios que no cumplen con los requisitos legales o médicos exigidos, lo que representa un gasto injustificado para el Estado.
La iniciativa establece herramientas concretas para sanear el sistema:
- Reempadronamiento obligatorio: Se exigirá a todos los titulares actuales de pensiones por invalidez actualizar su información personal y médica en un proceso de censo nacional.
- Auditorías periódicas y cruce de datos: El proyecto habilita a los organismos de control a realizar auditorías constantes y cruzar información con otros entes públicos para detectar incompatibilidades de forma automática.
- Monto de la prestación: Se define que la pensión por invalidez consistirá en el pago de una suma equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio vigente.
- Régimen de incompatibilidades: El texto clarifica que el beneficio es incompatible con el empleo formal, reforzando el carácter asistencial de la prestación para quienes realmente no pueden insertarse en el mercado laboral.
El impacto en los beneficiarios actuales y el sistema de salud
Desde el Ministerio de Salud señalaron que estas medidas no buscan quitar derechos a quienes legítimamente necesitan la asistencia, sino asegurar que los recursos lleguen a su destino real. En cuanto a la salud mental, se resalta que solo 16 jurisdicciones del país habían adherido formalmente a la ley vigente, lo que generaba asimetrías graves en el acceso al tratamiento según la provincia.
Con la nueva norma, se pretende que la internación, aunque sigue siendo un recurso excepcional, sea más accesible y segura en casos de emergencia, permitiendo que el alta y la externación sean facultades exclusivas del equipo de salud tratante, reduciendo la judicialización excesiva de las decisiones médicas.
