El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de ley para regular el trabajo en plataformas digitales, marcando una fuerte diferencia con la reforma laboral nacional sancionada recientemente. El anuncio, realizado durante la apertura de sesiones ordinarias el pasado lunes 2 de marzo de 2026, apunta a formalizar y proteger a un universo de más de 80.000 trabajadores bonaerenses que hoy operan en una zona gris legal.
Bajo el concepto de que “modernizar no es quitar derechos“, la iniciativa busca establecer un marco de protección para repartidores y conductores frente a lo que el gobierno provincial considera una “desprotección total” del modelo nacional.
Creación del Registro Provincial de Trabajo en Plataformas
El corazón del proyecto es la creación de un Registro Único y Obligatorio. Todas las empresas de delivery (como PedidosYa y Rappi) y de transporte (como Uber, Cabify y DiDi) que operen en territorio bonaerense deberán inscribirse y declarar a su personal.
Este registro no solo servirá para fines estadísticos, sino que será la base para fiscalizar que se cumplan las normativas de seguridad y previsión social. A diferencia del esquema nacional que ratifica la autonomía total, la Provincia busca que el Estado sea el garante de que no exista fraude laboral encubierto bajo la figura de “colaborador”.
Transparencia Algorítmica: el fin de la “Caja Negra”
Por primera vez en Argentina, una ley exigiría a las empresas abrir sus algoritmos. El proyecto contempla que los trabajadores tengan acceso a información clara sobre:
- Cómo se asignan los pedidos o viajes.
- Qué factores influyen en la puntuación o calificación del perfil.
- Los motivos exactos de una suspensión o bloqueo de cuenta.
La meta es evitar sanciones arbitrarias decididas por una inteligencia artificial y garantizar el derecho a una revisión humana ante cualquier medida que afecte la fuente de ingresos del repartidor o chofer.
Seguros Obligatorios y Espacios de Descanso
La seguridad vial y la salud son ejes centrales. La ley de Kicillof propone que las plataformas se hagan cargo de:
- Seguros contra accidentes de trabajo: Cobertura integral durante el tiempo de conexión y en el trayecto “itínere”.
- Paradores Obligatorios: Las empresas deberán financiar o garantizar espacios físicos con condiciones básicas de higiene (baños), hidratación y áreas de descanso para los trabajadores que esperan pedidos en la vía pública.
Botón de Emergencia y Protección de Salud
Dada la exposición a la inseguridad, el proyecto incluye la implementación obligatoria de una App con botón de pánico vinculada directamente con el Ministerio de Seguridad bonaerense. Además, se busca articular con el Ministerio de Salud para que los trabajadores tengan acceso a programas de prevención de riesgos profesionales específicos para la actividad de transporte y reparto.
El choque con la Reforma Laboral Nacional
Mientras que la reforma nacional del presidente Javier Milei consolida la figura del “trabajador independiente” (donde el prestador puede tener hasta tres colaboradores sin relación de dependencia), el proyecto de Kicillof se posiciona en la vereda opuesta. La norma bonaerense toma como referencia las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y modelos como la “Ley Rider” de España, que tienden a reconocer una relación de dependencia económica y técnica.
Este choque legislativo podría derivar en una fuerte puja judicial sobre qué ley tiene jurisdicción sobre el trabajo en la provincia: si el marco general nacional o el régimen específico que pretende imponer Buenos Aires.
Quiénes estarían alcanzados por la nueva ley
Aunque los detalles técnicos finales se conocerán cuando el texto ingrese a la Legislatura, el alcance potencial incluye:
- Apps de reparto y mensajería urbana.
- Plataformas de transporte de pasajeros.
- Servicios personales intermediados digitalmente (limpieza, mantenimiento o cuidados).
- Trabajadores freelance que realizan microtareas por encargo online dentro de la provincia.
La iniciativa ya ha generado reacciones mixtas: mientras sindicatos de mensajeros valoran el “reconocimiento de derechos”, sectores de la oposición bonaerense advierten que una regulación excesiva podría desalentar la inversión de las plataformas y terminar reduciendo la oferta laboral para quienes buscan ingresos rápidos y flexibles.
