En un giro político de último momento, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) decidió retirar el proyecto que buscaba bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Tras una intensa negociación en los pasillos del Congreso este martes 10 de febrero de 2026, el oficialismo cedió ante el reclamo de sus aliados estratégicos para garantizar el quórum y los votos necesarios. El nuevo consenso fija el umbral de responsabilidad penal en los 14 años, retomando el espíritu del dictamen que ya contaba con respaldo legislativo previo pero sumando garantías de financiamiento que antes no estaban claras.
El motivo del retroceso: la búsqueda del consenso parlamentario
La propuesta inicial de bajar la edad a los 13 años, defendida públicamente por figuras como Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, encontró una barrera infranqueable en bloques como el PRO y la UCR. Estos sectores, aunque coinciden en la necesidad de reformar el actual sistema que rige desde 1980, consideraron que la barrera de los 14 años es el límite técnico y jurídico más sólido para evitar impugnaciones ante organismos internacionales y asegurar una mayoría especial en el recinto.
Con este cambio, el Gobierno busca destrabar el tratamiento y llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados este mismo jueves 12 de febrero.
Qué cambia realmente con el nuevo Régimen Penal Juvenil
Más allá de la discusión sobre la edad, el proyecto de reforma integral que se debatirá esta semana introduce cambios estructurales en el sistema de justicia para menores. El objetivo central es terminar con lo que el oficialismo denomina la “puerta giratoria” para delitos graves, pero bajo un sistema diferenciado del de adultos.
Los puntos clave del acuerdo incluyen:
- Edad de imputabilidad en 14 años: Los adolescentes a partir de esa edad podrán ser juzgados por delitos tipificados en el Código Penal.
- Régimen diferenciado y especializado: Se prohíbe de forma taxativa que los menores compartan establecimientos de detención con adultos. Los centros de contención deberán contar con personal especializado en infancia y adolescencia.
- Financiamiento garantizado: El nuevo texto incorpora partidas específicas por más de $23.000 millones. De este monto, el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación recibirán fondos directos para asegurar que la ley no sea una “letra muerta” por falta de recursos.
- Convenios con las provincias: Se habilitará al Gobierno Nacional a firmar convenios con las jurisdicciones provinciales para el traspaso de fondos y la adecuación de los institutos de menores locales a los nuevos estándares.
Penas y reinserción social: el enfoque del proyecto
La reforma no se limita al castigo punitivo. El texto consensuado establece una escala de sanciones que prioriza la resocialización en casos de delitos menores, pero endurece la respuesta estatal ante hechos violentos o crímenes graves.
Para delitos con penas menores a tres años, se fomentarán medidas alternativas como la reparación del daño y tareas de servicio comunitario. Sin embargo, para delitos de extrema gravedad, el tope máximo de condena se fijaría en 20 años, buscando que la sanción sea proporcional al daño causado, especialmente en casos de homicidios o robos con armas.
El cronograma legislativo: los próximos pasos
El oficialismo apura un trámite exprés para sancionar la ley antes de que finalice el período de sesiones extraordinarias. El calendario previsto es el siguiente:
- Miércoles 11 de febrero: Plenario de comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto para dictaminar el nuevo texto de consenso.
- Jueves 12 de febrero: Sesión especial en Diputados para votar el proyecto y enviarlo al Senado.
Este acuerdo representa una victoria política moderada para la Casa Rosada: aunque debió sacrificar su postura más extrema (los 13 años), logró alinear a la oposición dialoguista en un tema de alta sensibilidad social y con un esquema de financiamiento que le quita argumentos a las provincias que denunciaban falta de recursos para aplicar la norma.
¿Qué pasará con los menores de 14 años?
Es importante aclarar que los niños menores de 14 años seguirán siendo inimputables ante la ley penal. En esos casos, el Estado intervendrá a través de organismos de protección de niñez y adolescencia para abordar las causas sociales y familiares que derivaron en la conducta delictiva, pero sin la posibilidad de aplicar penas de prisión.
La discusión ahora se traslada al recinto, donde se espera un debate encendido sobre si la baja de la edad es suficiente para combatir la inseguridad o si debe acompañarse de reformas educativas y sociales más profundas para evitar que los jóvenes ingresen al circuito delictivo.
