El proyecto de reforma judicial que aprobó en el día de ayer la Cámara de Senadores, abarca la creación de 1.387 nuevos cargos, según los cálculos de la oposición. Con un presupuesto aproximado de 12.000 millones de pesos, la cual incluye la designación de nuevos jueces, camaristas, fiscales, secretarios y empleados.
Al proyecto que presentó Alberto Fernández en la Casa Rosada se le agregaron juzgados y tribunales cuando se aprobó el dictamen de comisión en el Senado; y anoche, en el recinto, se sumaron nuevas cámaras y juzgados en la votación.
Fue así que, en sólo 15 minutos se llegaron a crear 361 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, según leyó la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun en el cierre de la sesión.
Así quedaron conformados
En el juzgado de Comodoro Py 2002, los cargos quedaron así: 46 nuevos juzgados federales, de los cuales 23 surgen de la unificación de los juzgados federales con los juzgados en lo penal económico. Para los restantes 23, deberán nombrar otros 23 jueces, si es que el proyecto acaba siendo aprobado en la Cámara de Diputados.
Otros lugares, como La Matanza, poseerá Cámara de Apelaciones propia si se aprueba la ley, que antes de la reforma final ya creaba juzgados en el distrito, al igual que en Pilar, Tigre, Avellaneda, Quilmes y Lomas de Zamora.
En el interior del país se crearon 73 juzgados federales y 14 salas para que funcionen las Cámaras Federales. El oficialismo buscaría que los gobernadores puedan incidir en la votación del proyecto en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no dispone de los votos necesarios para aprobar la reforma.
Actualmente, existen diez provincias que deben a recurrir a tribunales federales ubicados en otros distritos, pero con la aprobación de la reforma, sólo quedarían Tierra del Fuego y Neuquén sin Cámara de Apelación.
Además, se le agregaron nuevas salas en General Roca, La Rioja, La Pampa y la Matanza. En total comprenden la creación de otros 448 cargos, con 83 defensores oficiales y 101 fiscales federales.
Señalaron que todas estas creaciones están determinadas por conveniencias políticas a la hora de buscar voluntades para aprobar la ley en la Cámara baja, y no se corresponden con ningún estudio estadístico de la cantidad de delitos federales cometidos y juzgados en cada jurisdicción.
