La discusión sobre el futuro del sistema educativo argentino volvió al centro de la agenda política y social tras el ingreso al Congreso de un proyecto que propone modificar de raíz las reglas vigentes desde hace casi dos décadas. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, abre interrogantes sobre el rol del Estado, las familias, las escuelas y los docentes, y anticipa un debate profundo sobre cómo se organiza, se financia y se evalúa la educación en el país.
Un nuevo marco para el sistema educativo argentino
El proyecto de Ley de Libertad Educativa busca reemplazar la actual Ley de Educación Nacional y establecer un esquema basado en la libertad de enseñanza, la centralidad de las familias y la equiparación entre instituciones estatales y privadas. Se trata de un texto extenso, con 169 artículos, que redefine principios generales y deja la aplicación concreta en manos de las provincias.
En este nuevo marco, el Estado mantiene funciones clave —como la certificación de títulos, la definición de contenidos mínimos y la supervisión general— pero deja de ocupar el lugar de organizador principal del sistema. La ley propone un modelo más descentralizado, con mayor protagonismo de actores no estatales.
El cambio de paradigma: familias y Estado
Uno de los puntos centrales del proyecto es la redefinición de los roles tradicionales. La ley establece que la familia es el agente natural y primario de la educación, con derecho preferente a elegir y orientar la formación de niños y adolescentes según sus convicciones.
El Estado asume un rol subsidiario, orientado a garantizar el acceso y la igualdad formal de oportunidades, pero sin imponer un modelo pedagógico único. Ante conflictos interpretativos, el texto indica que debe prevalecer la solución más favorable al derecho de enseñar y aprender, lo que refuerza la autonomía de familias e instituciones.
Más autonomía institucional para las escuelas
La iniciativa amplía la autonomía de las escuelas, tanto estatales como privadas. Entre los principales cambios se incluyen:
- Elaboración de planes de estudio propios, respetando contenidos mínimos comunes.
- Definición de calendarios escolares flexibles, siempre que se cumpla la carga horaria anual.
- Creación de reglamentos internos de convivencia acordes al proyecto institucional.
- Diseño de estrategias pedagógicas diferenciadas.
En el caso de las escuelas privadas, se refuerza el concepto de ideario institucional, que debe ser respetado por docentes y familias. En las estatales, la autonomía sería gradual e incluiría mayor participación en la gestión de recursos y en la selección del personal.
Un punto clave es la equiparación jurídica plena entre instituciones públicas y privadas, con impacto directo en financiamiento, certificación y alcance de políticas educativas.
Homeschooling, virtualidad y nuevas formas de escolaridad
La ley reconoce explícitamente modalidades alternativas de enseñanza, que hasta ahora no tenían un marco nacional claro. Entre ellas se destacan:
- Educación en el hogar (homeschooling): las familias podrán educar a sus hijos fuera de instituciones formales, sin intervención estatal en métodos o contenidos.
- Educación virtual o híbrida: se habilita la escolaridad mediada por plataformas digitales, incluso de instituciones del exterior.
- Registro jurisdiccional no invasivo: obligatorio para acreditar la trayectoria educativa, pero sin controles sobre la vida familiar.
La acreditación de aprendizajes se realizará mediante evaluaciones estandarizadas nacionales, aplicadas por cada jurisdicción. De este modo, la escolaridad deja de estar necesariamente asociada a la presencialidad diaria en una escuela.
Financiamiento por demanda: vales, becas y aportes
El proyecto propone una transformación profunda del financiamiento educativo. En lugar de concentrarse en la estructura estatal, los recursos se orientan al estudiante y a su familia. Las provincias deberán implementar mecanismos como:
- Vales o bonos educativos.
- Becas directas a las familias.
- Créditos fiscales y desgravaciones impositivas por gasto educativo.
- Aportes regulares a instituciones privadas.
La libre elección de escuela se convierte en el eje del sistema. Si bien se habilita a las provincias a fijar topes arancelarios para instituciones que reciben fondos, se limita la posibilidad de retirar financiamiento como sanción.
La educación como servicio esencial y el impacto laboral
La iniciativa declara a la Educación Básica como servicio esencial, lo que implica la obligación de garantizar prestaciones mínimas aun durante conflictos gremiales. Este punto introduce un cambio relevante en el ejercicio del derecho de huelga docente.
Además, se reformula la carrera docente con nuevas reglas:
- Evaluaciones obligatorias cada cuatro años.
- Estabilidad laboral vinculada al desempeño.
- Formación continua como requisito de permanencia.
- Mayor poder de los directores en la selección y evaluación del personal.
- Creación del Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente.
En las escuelas estatales, se incorporan Consejos Escolares de Padres, con participación en decisiones institucionales, incluso en la selección o remoción de equipos directivos.
Evaluación y transparencia: el Examen Nacional
La ley impulsa un esquema de evaluación más visible y comparable entre instituciones. Dos herramientas concentran la atención:
- Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES): voluntario e individual, al finalizar el secundario, con fines orientativos para estudios superiores y empleo.
- Publicación anual de resultados por escuela: los datos de evaluaciones censales se difundirán en un portal abierto, preservando identidades individuales.
Este sistema apunta a brindar información pública para que las familias puedan comparar desempeños y tomar decisiones informadas.
Cambios en la educación superior y universidades
El proyecto también alcanza a las universidades. Entre los principales puntos se destacan:
- Evaluaciones externas obligatorias cada 8 años.
- Reconfiguración del rol y la integración de la CONEAU.
- Financiamiento basado en desempeño, considerando cantidad de estudiantes, egresos y producción científica.
- Implementación de contratos-programa para objetivos específicos.
Este esquema reemplaza el modelo tradicional basado en presupuestos históricos y negociaciones anuales.
Una reconfiguración profunda del sistema
La Ley de Libertad Educativa propone una reconfiguración integral del sistema educativo argentino, basada en la autonomía institucional, la libertad de elección y el financiamiento por demanda. De avanzar en el Congreso, no solo modificaría el marco legal vigente, sino también la forma en que se organizan las escuelas, se define la carrera docente y se vinculan las familias con la educación de sus hijos.
