La Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó su preocupación por el proyecto de Ley Fiscal enviado por el gobierno bonaerense liderado por Axel Kicillof, demandando que sean los legisladores provinciales quienes definan las condiciones del Impuesto Inmobiliario Rural.
¿Qué problemáticas perciben los productores rurales con el nuevo proyecto?
Los representantes de la SRA alertaron que el proyecto transfiere facultades significativas al Ejecutivo, lo que podría generar un ambiente de incertidumbre. Esta situación compromete la previsibilidad necesaria para quienes producen en la provincia.
El presidente de la SRA, Nicolás Pino, advirtió: “El Artículo 133 habilita al Ejecutivo a intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados, lo que afecta la planificación de los productores”. También señalaron que “el Artículo 167 permite la modificación de cuotas no vencidas durante el ejercicio fiscal, afectando nuestra capacidad de planificación”.
Demandan parámetros claros y terrenos de consulta
Desde la SRA, destacaron que la falta de un esquema de bonificaciones definido añade un nivel de inseguridad normativa. “La ausencia de parámetros claros por parte del gobierno provincial genera un escenario de incertidumbre que incide directamente sobre nuestras operaciones”, remarcó la entidad en su comunicado.
Por tal motivo, instaron a la Legislatura a “asumir plenamente su responsabilidad constitucional” y definir claramente los criterios y límites del tributo, evitando transferir facultades esenciales al Poder Ejecutivo.
Condiciones climáticas y su impacto en la agricultura
La SRA también señaló la grave situación actual, mencionando que miles de hectáreas están inundadas y declaradas en estado de emergencia agropecuaria. “El gobierno debe generar obras de infraestructura para prevenir fenómenos climáticos adversos y considerar la disminución de impuestos para aliviar la situación”, afirmaron.
Recuerdan que los productores compiten con un alto tributo debido a la Ley Fiscal aprobada en diciembre de 2023 y prorrogada en diciembre de 2024, lo que incluye adicionales extraordinarios.
Finalmente, enfatizaron la necesidad de un “sistema tributario transparente, definido por Ley, sin sorpresas ni turbulencias” para garantizar la continuidad de la producción y la inversión en la provincia de Buenos Aires.
