La Justicia argentina acaba de dejar sin efecto el decreto que el Gobierno nacional había implementado para frenar la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso de la Nación en septiembre del año pasado. Este nuevo fallo reestablece las pensiones por invalidez y garantiza la continuidad de los tratamientos que habían sido interrumpidos.
El Juzgado Federal de Campana anula el Decreto 681/2025
El fallo fue emitido por el Juzgado Federal de Campana, que declaró inválido el artículo central del Decreto 681/2025. El juez Adrián González Charvay sostuvo que el Ejecutivo no podía suspender por decreto una ley ya sancionada por el Congreso, cuya promulgación era obligatoria.
El mencionado decreto había sido utilizado por el presidente Javier Milei como estrategia para demorar la aplicación de la ley, argumentando que era necesario antes definir “las fuentes de financiamiento”. La suspensión había interrumpido miles de tratamientos y prestaciones esenciales que actualmente reciben las personas con discapacidad en todo el país.
Impulso del amparo colectivo
El caso fue impulsado por particulares con el apoyo de organizaciones por los derechos de las personas con discapacidad. Para el Juzgado, el Ejecutivo violó la Constitución Nacional al intentar frenar esta ley mediante un decreto, especialmente cuando ya había sido superado el veto presidencial y la confirmación de las dos Cámaras del Congreso.
Desde el Foro Permanente de Personas con Discapacidad celebraron el fallo, considerándolo “una gran noticia”. Para este colectivo, la sentencia implica una protección de los derechos esenciales, tales como la salud, la educación y la rehabilitación. Gracias a esta disposición, se volverán a garantizar los tratamientos, el pago retroactivo a prestadores y la actualización permanente de aranceles.
Además, el fallo advierte que atentar contra estos derechos esenciales implica vulnerar el marco normativo argentino y los tratados internacionales que forman parte de la Constitución. En consecuencia, obliga al Estado a asegurar la calidad de vida de todas las personas que tienen acceso a estas prestaciones.
