La Corte Suprema de Justicia condenó hoy al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, así como a los municipios de Rosario y Victoria, a implementar un plan para evitar la quema de pastizales en la zona del delta del río Paraná.
Un plan estratégico para la conservación del delta
La Corte ordenó la ejecución del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP), que implica la instalación de equipamiento e infraestructura para establecer mecanismos de alerta temprana, la implementación de la red de Faros de Conservación, un Plan Sistemático de Control y un Plan de Manejo del Fuego para el Delta.
La intervención judicial fue motivada por los recurrentes incendios en las islas, muchos de ellos intencionales e ilegales, relacionados con la producción agropecuaria. El humo y las cenizas generadas por estos incendios afectaron hasta los centros urbanos de Buenos Aires y Santa Fe.
En este contexto, la Corte destacó que la responsabilidad de implementar estas medidas recae en las autoridades políticas de los distintos niveles de gobierno. Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal identificó los focos de incendios en el municipio de Victoria, afirmando que el PIECAS-DP, creado en 2008, es el marco adecuado para coordinar políticas de prevención.
La demanda y el contexto de los incendios
La causa se inició el 25 de junio de 2020 por una demanda de la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente contra el Estado Nacional y las provincias mencionadas, buscando que cesen de manera efectiva todos los incendios en las islas frente a Rosario. La organización también solicitó medidas para erradicar la quema indiscriminada de pastizales, que se repite anualmente.
Los incendios ocasionan problemas de salud y ambientales en Rosario. La mayoría de las islas son jurisdicción de Entre Ríos y Victoria. En agosto de 2020, la Corte determinó que el caso era de su competencia originaria y ordenó el desplazamiento de la acción hacia los demandados. También se emitió una medida cautelar para crear un Comité de Emergencia Ambiental que adopte medidas de prevención y control.
A pesar de la gravedad de la situación, el Estado Nacional argumentó que la responsabilidad recae en las provincias y sólo puede dictar presupuestos mínimos de protección ambiental. Desde Entre Ríos, se argumentó que no existían focos activos en el delta y que se habían tomado medidas preventivas ante una “situación excepcional regional de estrés hídrico”.
Santa Fe enfatizó que aunque los incendios ocurren en otra jurisdicción, sus consecuencias afectan su territorio. Por su parte, Buenos Aires defendió su actuación como adecuada, indicando que habían implementado un plan de prevención de incendios forestales. Mientras tanto, Rosario cuestionó su inclusión en la demanda.
Finalmente, la Corte subrayó que el PIECAS-DP busca soluciones viables a la problemática de los incendios en el Delta, caracterizado por su fragilidad ambiental. La falta de avances en la materia llevó a la Corte a condenar al Estado Nacional, a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y a los municipios de Rosario y Victoria a implementar de manera urgente el plan estratégico.
