El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas argentinas entra en una fase decisiva. Tras meses de parálisis presupuestaria y una masiva movilización federal, el Poder Ejecutivo ha presentado los lineamientos de su propio proyecto para modificar la Ley de Financiamiento Universitario. Esta iniciativa no solo busca ordenar las cuentas públicas bajo la premisa del déficit cero, sino que propone una reestructuración profunda en la gestión de los recursos y la fiscalización de las casas de altos estudios.
La importancia de este proyecto radica en que busca reemplazar o modificar sustancialmente la ley previa, la cual fue vetada por el presidente Javier Milei argumentando que no especificaba la fuente de financiamiento para el aumento de partidas.
Actualización salarial vinculada a la recaudación
Uno de los ejes centrales del proyecto es el mecanismo de recomposición salarial para el personal docente y no docente. A diferencia de las leyes anteriores que proponían ajustes automáticos por inflación (IPC), la nueva propuesta oficialista sugiere que los incrementos deben estar estrictamente ligados a la capacidad real de recaudación del Estado y a la disponibilidad presupuestaria proyectada en el Presupuesto 2025. Esto implica que los salarios universitarios ya no se ajustarían únicamente por el costo de vida, sino por el desempeño de las arcas fiscales.
Auditorías obligatorias y control de la SIGEN
El Gobierno propone un cambio administrativo fundamental: el fortalecimiento de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) como organismo principal para auditar los gastos de las universidades. El proyecto establece que la autonomía universitaria no exime a las instituciones del control de transparencia estatal. Esta medida busca fiscalizar el destino de los fondos transferidos y garantizar que el gasto se aplique directamente a la enseñanza y la investigación, reduciendo los costos de las estructuras administrativas.
Criterios de asignación por desempeño y eficiencia
El nuevo proyecto introduce fórmulas de distribución de recursos basadas en parámetros de eficiencia académica. Se propone que el presupuesto no se asigne exclusivamente por el historial de gastos o la cantidad de personal, sino tomando en cuenta indicadores como la tasa de egresados, la cantidad de alumnos regulares y el cumplimiento de metas de investigación. El objetivo es incentivar a las instituciones a mejorar sus ratios de graduación en relación con la matrícula total.
Financiamiento compartido y recursos propios
El texto abre la puerta a que las universidades generen y gestionen con mayor libertad sus propios recursos. Si bien se mantiene la gratuidad del grado para los ciudadanos argentinos y extranjeros con residencia permanente, el proyecto fomenta la creación de convenios con el sector privado y la venta de servicios tecnológicos para que las instituciones no dependan al 100% de la transferencia directa del Tesoro Nacional.
Regulación de alumnos extranjeros no residentes
Otro punto relevante de la reforma propuesta es la posibilidad de que las universidades arancelen la educación de grado para aquellos estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país. Esta medida busca aliviar la carga presupuestaria del sistema público, asegurando que los recursos estatales se concentren prioritariamente en los contribuyentes locales, mientras se habilita un esquema de cobro para quienes vienen al país exclusivamente con fines educativos de corta estancia.
Impacto esperado para la comunidad educativa
Para el estudiante y el trabajador universitario, este proyecto representa una transición hacia un modelo de gestión orientado a resultados. El debate en el Congreso será fundamental, ya que el arco opositor y los gremios universitarios sostienen que la prioridad debe ser la recuperación del poder adquisitivo perdido frente a la inflación de 2024. Sin embargo, desde el oficialismo aseguran que esta nueva ley es la única herramienta que garantiza la sostenibilidad del sistema sin comprometer la estabilidad económica del país.
La evolución de este proyecto marcará el ritmo del ciclo lectivo 2026. Su aprobación o modificación definirá no solo el presupuesto para infraestructura y becas, sino también la paz social en los campus de todo el país.
