El gobierno nacional ha declarado la emergencia y/o desastre agropecuario en varias zonas de la provincia de Buenos Aires, a causa de los severos anegamientos que han afectado tanto a explotaciones agrícolas como ganaderas. Esta medida se formalizó el miércoles a través de la Resolución 1450/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y tiene efecto retroactivo desde el 1° de mayo hasta el 31 de octubre de este año.
¿Qué motivó la declaración de emergencia y cuáles son sus implicancias?
La decisión se adoptó tras la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), que se reunió el 15 de septiembre para evaluar el impacto de las lluvias intensas en la agricultura y ganadería de la región. En la reunión participaron numerosos expertos de entidades como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), quienes corroboraron la gravedad de la situación.
El dictamen también avaló el decreto provincial 2196/2025, que había declarado la emergencia en múltiples circunscripciones de partidos como General Alvear, Chivilcoy y Junín. En estas áreas, los prolongados anegamientos han comprometido significativamente la siembra y la actividad ganadera.
Beneficios fiscales y financieros para los afectados
La resolución establece que el ciclo productivo finalizará el 31 de octubre de 2025 para las explotaciones perjudicadas, de acuerdo a lo previsto por la Ley 26.509 sobre emergencias agropecuarias. Los productores afectados deben gestionar un certificado de emergencia que les permitirá acceder a beneficios como:
- Prórrogas en el pago de impuestos.
- Suspensión de ejecuciones fiscales.
- Refinanciaciones bancarias con instituciones oficiales y mixtas.
Además, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca coordinará convenios para facilitar la implementación de estas medidas junto a las autoridades provinciales y otros organismos relevantes.
La voz de los productores y el contexto actual
La participación de varias entidades, como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria (FAA), fue crucial durante la reunión de la CNEyDA, donde se expusieron las dificultades que enfrentan los productores debido a las condiciones climáticas adversas. El reconocimiento formal de esta emergencia por parte del gobierno busca brindar alivio a los damnificados y garantizar el acceso a las herramientas necesarias para su recuperación.
Este escenario en Buenos Aires no es un hecho aislado, ya que otras provincias han enfrentado situaciones similares en los últimos meses, reflejando un contexto de eventos climáticos extremos y su impacto en el sector agropecuario.
