A pocos días de la apertura del 143° período de sesiones ordinarias del 1 de marzo, el presidente Javier Milei ya definió la hoja de ruta que buscará imponer en el Congreso Nacional. Tras un 2025 de consolidación económica, el Gobierno apuesta ahora a un paquete de leyes “fundacionales” que apuntan a blindar el equilibrio fiscal, transformar el sistema educativo bajo el modelo de vouchers y rediseñar las reglas de juego electorales.
Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria
Considerada por la Casa Rosada como la “ley de leyes” para terminar definitivamente con la inflación, este proyecto propone un mecanismo de autodisciplina legislativa sin precedentes en Argentina. El eje central es obligar a que todo proyecto de ley que implique un aumento del gasto público deba especificar y justificar de manera técnica su fuente de financiamiento.
La norma busca evitar que el Congreso sancione leyes sin respaldo presupuestario, algo que el Ejecutivo denomina “populismo legislativo”. Además, el proyecto refuerza la prohibición de emitir dinero para financiar el Tesoro, estableciendo que si los ingresos caen o los gastos superan lo previsto, se deberán ajustar automáticamente otras partidas para mantener el déficit cero.
Libertad Educativa: el desembarco de los vouchers
La reforma educativa que Milei enviará al Congreso promete ser una de las batallas culturales más intensas del año. El proyecto de “Ley de Libertad Educativa” propone un cambio de paradigma en el financiamiento: pasar del subsidio a la oferta (escuelas) al subsidio a la demanda (familias).
Puntos clave de la reforma escolar:
- Sistema de Vouchers y Becas: Implementación de vales para que las familias elijan la institución, buscando generar competencia entre establecimientos públicos y privados para mejorar la calidad.
- Educación como Servicio Esencial: Obligación de garantizar una guardia mínima del 75% del servicio educativo ante medidas de fuerza gremiales, asegurando que los alumnos no pierdan días de clase.
- Nuevas modalidades: Reconocimiento legal de formatos híbridos, educación a distancia y homeschooling, bajo estándares de evaluación nacionales.
- Evaluación obligatoria: Creación de exámenes de egreso secundarios y la posibilidad de que los padres conozcan los resultados de desempeño de cada institución.
Reforma Electoral: adiós a las PASO y Boleta Única plena
En el plano político, el Gobierno busca simplificar el calendario electoral y reducir el costo de la política para el Estado. La estrategia se divide en tres pilares fundamentales:
Eliminación de las PASO: El oficialismo considera que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias son una “encuesta cara” que interfiere en la vida interna de los partidos. Su eliminación obligará a las coaliciones (como el PRO o el radicalismo) a dirimir sus candidaturas mediante acuerdos cúpula o internas propias.
Boleta Única de Papel (BUP): Si bien el sistema ya fue aprobado, el Ejecutivo enviará un proyecto para perfeccionar su implementación nacional. El objetivo es garantizar la máxima visibilidad de las listas completas de candidatos en el diseño de la boleta, eliminando la vieja práctica de la “boleta sábana” y el robo de papeles en el cuarto oscuro.
Financiamiento de partidos: Actualización de la ley de 2009 para adecuarla a la era digital, transparentando los aportes privados y reduciendo la publicidad estatal obligatoria.
El discurso del 1 de marzo y el nuevo Código Penal
Además de estos tres pilares, el Presidente incluirá en su discurso de apertura —previsto para el “prime time” de las 21:00 hs— el anuncio de una reforma integral del Código Penal. Esta iniciativa busca bajar la edad de imputabilidad, agravar las penas para delitos de corrupción y narcotráfico, y dar un marco de mayor protección jurídica a las fuerzas de seguridad.
Con una narrativa centrada en el crecimiento económico proyectado para 2026 y la baja de la inflación acumulada, Milei buscará presionar a la oposición dialoguista para sancionar estas leyes antes de las elecciones de medio término. Para el Gobierno, estas reformas no son solo técnicas, sino que representan la consolidación de una “nueva hegemonía” que busca cambiar de raíz el funcionamiento del Estado argentino.
