En un hecho sin precedentes, el intendente de General Madariaga, Esteban Santoro (UCR), se presentó ante la Justicia para denunciar presuntas maniobras de corrupción en el PAMI, que afectan directamente al sistema público de salud en su municipio y en la región.
La denuncia, realizada en conjunto con la Unidad Fiscal Especializada en el PAMI, solicita investigar los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Según se detalla en la presentación, desde diciembre de 2023 el PAMI habría reasignado sin previo aviso unas 3.000 cápitas del hospital municipal de Madariaga, derivando a esos afiliados a una clínica privada local: el Instituto Médico Madagariense.
Pero el alcance de la maniobra no se limita a Madariaga. El intendente Santoro afirma que el PAMI también derivó a esa clínica a jubilados de otros municipios cercanos y distantes, incluso a más de 70 kilómetros, perjudicando a los hospitales municipales de esas localidades, que de todos modos siguen atendiendo a los afiliados sin recibir los recursos correspondientes.
“Las anteriores veces por lo menos tenían el decoro de mandarte una carta documento diciéndote que hubo reasignación de cápita. Esta vez ni avisaron y lo hicieron a mitad de mes”, declaró el abogado del municipio, Leandro Alonso, quien acompañó a Santoro en la presentación judicial.
Este nuevo escándalo se suma a otras denuncias por presuntas irregularidades en la gestión del PAMI y comenzó a generar repercusiones en otros distritos. Pinamar y Villa Gesell ya registran reclamos similares, y crecen las sospechas de que podrían existir maniobras sistemáticas en toda la región.
El circuito de los fondos
La asignación de cápitas por parte del PAMI a centros de salud implica un importante giro de fondos mensuales. En este caso, fuentes cercanas a la investigación estiman que el Instituto Médico Madagariense —elegido “a dedo”, según la denuncia— podría recibir más de 80 millones de pesos por mes, pese a que en muchos casos no brinda los servicios asignados.
Un intento similar de reasignación había sido denunciado en 2021, pero fue anulado tras una fuerte polémica. En 2024, sin embargo, la situación se repitió y se profundizó.
La causa fue presentada en Mar del Plata, aunque podría ser radicada finalmente en Dolores, según se evaluó tras la intervención de la UFI PAMI.
Este nuevo capítulo pone en la mira la transparencia en la gestión del PAMI y podría abrir una investigación más amplia sobre el uso de fondos públicos y las decisiones administrativas que afectan directamente la salud de miles de jubilados bonaerenses.
