La administración nacional ha decidido avanzar con una estrategia de “tolerancia cero” frente a las medidas de fuerza sindicales que buscan frenar la implementación de la reforma laboral. En un contexto de alta tensión política, el Poder Ejecutivo evalúa un paquete de sanciones administrativas y económicas diseñadas para limitar la capacidad de acción de los gremios y desarticular las protestas en sectores estratégicos.
El foco en la personería y los fondos sindicales
Uno de los ejes centrales que estudia el Gobierno es la aplicación de multas severas a aquellas organizaciones que incumplan con las conciliaciones obligatorias o que realicen bloqueos a empresas. Según fuentes oficiales, se analiza la posibilidad de suspender o incluso retirar la personería gremial a los sindicatos que reincidan en prácticas consideradas ilegales bajo el nuevo marco normativo.
Además, el control sobre las cajas sindicales se ha vuelto una prioridad. Se evalúa profundizar las auditorías sobre las obras sociales y restringir la transferencia de aportes extraordinarios que no estén estrictamente vinculados a la cuota solidaria legal. Esta medida busca asfixiar financieramente a las cúpulas que lideran la resistencia a los cambios en la legislación del trabajo.
Protocolo de orden público y denuncias penales
El Ministerio de Seguridad ha reforzado la aplicación del protocolo antipiquetes, pero ahora con un componente adicional: la identificación de los líderes gremiales responsables de las interrupciones de tránsito para iniciar causas penales por “entorpecimiento de los servicios públicos”. El objetivo es que las sanciones no recaigan solo sobre la institución, sino también sobre el patrimonio personal de los dirigentes que convoquen a las medidas.
Por otro lado, se contempla la posibilidad de declarar la “esencialidad” en más sectores, lo que obligaría a mantener servicios mínimos del 75% en actividades clave como el transporte, la educación y la salud, reduciendo drásticamente el impacto de cualquier paro general o parcial.
La implementación del fondo de cese laboral
La resistencia sindical se concentra principalmente en la reglamentación del fondo de cese laboral, que busca reemplazar las indemnizaciones tradicionales por un sistema de capitalización. El Gobierno sostiene que esta medida reducirá la litigiosidad y fomentará el empleo formal, mientras que los sectores gremiales denuncian una pérdida de derechos adquiridos.
Ante las presentaciones judiciales de las centrales obreras, el equipo legal del Ejecutivo prepara una defensa basada en la constitucionalidad de la Ley Bases y el DNU 70/23. Las sanciones que se evalúan buscan, en última instancia, evitar que la judicialización de la reforma paralice su aplicación en el sector privado.
