Un grupo de legisladores del bloque Encuentro Federal, liderados por el diputado Oscar Agost Carreño, presentó una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, debido a su presunto incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta ley, que fue ratificada tras el veto presidencial, ha generado un fuerte debate en el Congreso, donde se busca su aplicación efectiva.
¿Qué acusa la moción contra Guillermo Francos?
Los diputados sostienen que el incumplimiento de Francos incluye la falta de reasignación de partidas presupuestarias necesarias para implementar la ley y la emisión de decretos considerados “nulos e inconstitucionales”. Desde el bloque, Agost Carreño afirmó en su cuenta de la red social X que “el Gobierno rompió el estado de derecho” ante la decisión de suspender la aplicación de la ley 27.793.
El respaldo a la moción proviene de otros miembros del espacio liderado por Miguel Ángel Pichetto, incluyendo a figuras destacadas como Nicolás Massot y Emilio Monzó. Según ellos, el objetivo es factible si logran convencer con los argumentos necesarios ante el Poder Legislativo.
La postura del Gobierno y sus implicaciones
El mismo día del anuncio de la moción, el Gobierno procedió a promulgar la ley a través del Decreto 681/25, aunque suspendió su ejecución alegando falta de financiamiento. Esta decisión condiciona la implementación de la ley a que se incluyan las partidas necesarias en el próximo Presupuesto 2026.
El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también se manifestó en contra del decreto, señalando que “incurre en nulidad absoluta” y que trata de modificar el proceso legislativo, lo cual no está permitido por la Constitución. Ferraro enfatizó que es responsabilidad del Jefe de Gabinete la asignación de recursos para garantizar la ejecución de la ley.
Reacciones en el ámbito legislativo y social
La situación ha generado un clima tenso en el Legislativo, donde varias voces han expresado su preocupación por el cumplimiento de las normativas que garantizan derechos a las personas con discapacidad. Agost Carreño recalcó que “la democracia no se negocia” y que “las leyes se cumplen siempre”, instando al Gobierno a priorizar la implementación de la ley, a su juicio, como una obligación irrenunciable.
Frente a la controversia, se espera que la situación se discuta en el Congreso en los próximos días, lo que podría resultar en un debate profundo sobre la administración del presupuesto y las políticas para la inclusión y atención a personas con discapacidad.
