Tras el pago de 20.000 pesos y la entrega de un número de documento y una foto 4×4, el “estudiante” recibía el certificado de finalización de la carrera en la casa de estudios elegida, con los sellos y las firmas necesarias. Certificados analíticos de la UBA, la UADE o la UCA: todos falsos, aunque de excelente calidad.
Ese era el servicio que ofreció “la banda del Jinete Negro” hasta el viernes pasado. Pero el negocio se les terminó: en las últimas horas sus ocho integrantes fueron detenidos por la Policía de la Ciudad, al cabo de 12 allanamientos en la provincia de Buenos Aires en los que, además de las aprehensiones, fueron secuestrados sellos, tintas, impresoras e, incluso, varios títulos “frescos” que no llegaron a ser entregados a sus compradores.
Según informaron fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, la banda del Jinete Negro ofrecía la documentación administrativa educativa a través de páginas web, diarios y folletos que eran entregados en la vía pública.
Tomó el caso el juzgado federal N°11, a cargo de Claudio Bonadio, quien dio intervención a la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad. Tras las primeras investigaciones se estableció que la banda captaba a sus potenciales clientes por medio de los anuncios, en los que se facilitaban números de teléfono de contacto. Luego de la primera comunicación, vía WhatsApp se ajustaban los requisitos para la confección del título apócrifo requerido.
El líder de la banda, según fuentes del caso, fue identificado con el alias de Jinete Negro, supervisor principal de la operatoria completa. Uno de sus lugartenientes -alias El Gordo- contactaba a los clientes y entregaba los títulos ya confeccionados.
Otro, el Peque, obtenía todos los datos necesarios para la confección de los títulos, como ser firmas, promedios y carreras según establecimientos educativos. El Turco era el imprentero y conseguía la materia prima necesaria para confeccionar los títulos y los sellos. En tanto que alias Bamban era el contador de la banda: manejaba la cuenta bancaria para que los clientes depositaran los pagos, con la asistencia de El Bicho.
La única mujer de la banda, según se informó, era conocida como La Princesa, que junto con su padre se encargaba de las relaciones públicas y de la atención de los interesados en comprar los títulos “truchos”. Por último, un tal Nacho era quien borraba las pistas.
“Estos estafadores pedían a sus clientes fotos 4×4, fotos del DNI y los datos básicos para que en menos de 48 horas tuvieran un título trucho en mano”, explicó el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro.
El funcionario dijo que los ocho detenidos conformaban una banda que venía trabajando hace tiempo con un importante grado de profesionalismo. “Hay que destacar el trabajo de los investigadores de la Policía de la Ciudad en conjunto con la Justicia Nacional”, sostuvo.
En el caso de un título terciario o universitario, el comprador podía elegir la carrera y la casa de estudios otorgante. Los valores iban desde los 4000 pesos para los certificados de secundario hasta los 20.000 pesos para los universitarios. En todos los casos, la persona que ofrecía los servicios afirmaba que estaban inscriptos en todas las dependencias pertinentes, por lo que eran “legales”.
Tras las investigaciones, el juez Bonadio libró 12 órdenes de allanamiento que se llevaron a cabo en Lomas de Zamora, Avellaneda y Morón, donde se logró detener a los ocho integrantes de la banda.
Los detectives corroboraron que se trataba de una organización de alto grado y profesionalismo, pues tenían sellos de organismos nacionales, de la Ciudad, de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba y de Mendoza, como así también sellos de funcionarios autorizados a legalizar los títulos, y tinta y papel especiales para la impresión de certificados analíticos de buena calidad.
Todos estos elementos fueron secuestrados, como así también una serie de títulos recién confeccionados que no llegaron a entregarse.
Informaron las fuentes de la investigación que también se desmanteló una imprenta que operaba de manera ilegal, en las que se incautaron dos impresoras láser de última generación, dinero en efectivo y elementos tecnológicos utilizados para concretar los trabajos.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, acusados de “falsificación de documentos públicos”.
