La provincia de Buenos Aires atraviesa un escenario de extrema preocupación tras registrarse más de 500 amenazas de tiroteos en escuelas públicas y privadas distribuidas en distintos distritos. Frente a esta situación, el gobierno bonaerense definió una postura firme: considerar estos hechos como delitos y avanzar con denuncias penales, descartando cualquier interpretación que los minimice como simples conductas juveniles.
“Estamos hablando de un delito de intimidación pública”, señalaron voceros que participaron de reuniones de seguimiento, al tiempo que remarcaron que no se trata de travesuras sino de hechos que deben ser abordados con todo el peso de la ley. En esa línea, se estableció que las autoridades escolares tienen la obligación de radicar la denuncia ante cualquier amenaza.
Refuerzo de protocolos y presencia policial en escuelas
En diferentes puntos del territorio bonaerense ya se activaron protocolos preventivos y de actuación. En distritos como Olavarría, la Jefatura Distrital de Educación confirmó la radicación de denuncias tras detectarse amenazas en establecimientos educativos y la implementación de operativos específicos. Esta mañana, en Brandsen, un alumno concurrió con un arma de juguete en medio de las amenazas existentes, habiendo adoptado las autoridades las medidas pertinentes.
Entre las principales medidas adoptadas se destaca la presencia policial en el exterior de las escuelas afectadas, con móviles apostados durante el horario de clases. Asimismo, se dispuso que las instituciones continúen abiertas y funcionando con normalidad, garantizando tanto el dictado de clases como la contención de la comunidad educativa.
Además, durante la primera hora de cada jornada se trabaja con los estudiantes sobre los alcances de este tipo de situaciones, haciendo hincapié en que una amenaza de estas características constituye un delito grave, incluso de carácter federal.
Trabajo con familias y abordaje integral
Como parte de la estrategia oficial, en los próximos días se avanzará con instancias de diálogo con las familias. Se prevé la realización de jornadas informativas para explicar los protocolos vigentes, detallar la situación y generar espacios de escucha que permitan abordar la problemática de manera integral.
En paralelo, equipos técnicos y autoridades educativas acompañarán a las instituciones para garantizar una intervención que contemple tanto el aspecto pedagógico como una respuesta firme desde el ámbito judicial y de seguridad.
Desde el sistema educativo insistieron en la necesidad de un tratamiento responsable del tema, advirtiendo que estos episodios no son aislados y que se vienen registrando en distintos puntos del país.
