La seguidilla de accidentes graves en la zona norte de Pinamar, que tuvo su punto más crítico con el caso de Bastián Jerez, el nene de 8 años atropellado días atrás, podría marcar el fin de una era. Ante la imposibilidad de controlar eficazmente el tránsito en tierras que son técnicamente privadas, fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires analiza un proyecto drástico: expropiar el predio de “La Frontera” para declararlo Reserva Natural y Parque Provincial.
La medida, que ya se discute en los despachos de La Plata tras reuniones con dirigentes locales, busca dar una solución definitiva al “limbo legal” que impide a las fuerzas de seguridad actuar con total potestad en esa franja de arena.
De propiedad privada a Parque Público: qué implica el cambio
Históricamente, la zona conocida como “La Frontera” pertenece a privados (grandes terratenientes vinculados a la familia fundadora y sociedades anónimas como Pinamar S.A.). Si bien el acceso es libre por uso y costumbre, la titularidad privada limita el poder de policía del Estado para realizar controles de tránsito, secuestros de vehículos o imponer prohibiciones de circulación efectivas tierra adentro.
El proyecto de expropiación cambiaría las reglas del juego radicalmente:
- Control total del Estado: Al pasar a ser dominio público provincial, la Policía Bonaerense y los agentes de Seguridad Vial tendrían jurisdicción plena para aplicar la Ley de Tránsito sin restricciones.
- Fin de la “zona liberada”: Se podría prohibir terminantemente el ingreso de vehículos motorizados (cuatriciclos, UTV y 4×4) a los sectores de médanos vivos, hoy usados como pistas de carreras improvisadas.
- Protección ambiental: La figura de “Parque Provincial” priorizaría la conservación del ecosistema dunícola por sobre el uso recreativo motorizado, alineándose con las normativas ambientales vigentes.
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El “efecto Bastián” y la presión política
La iniciativa cobró fuerza inusitada esta semana. El accidente de Bastián, quien sufrió heridas críticas tras ser embestido en una zona donde la circulación es caótica, expuso nuevamente la fragilidad del sistema de “corredores seguros”. Dirigentes de la oposición local y funcionarios provinciales coinciden en que las medidas actuales (vallas, cartelería y controles en los accesos) son insuficientes mientras la tierra siga siendo privada.
“No existen seguros que paguen los daños en esa zona porque es propiedad privada, y el Estado no puede garantizar la seguridad si no tiene el dominio de la tierra”, explican especialistas en seguridad vial que asesoran en el proyecto.
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¿Qué pasará el resto de la temporada 2026?
Si bien una expropiación es un proceso legal largo que debe pasar por la Legislatura Bonaerense, el efecto político es inmediato. La sola mención del proyecto pone en alerta a los propietarios de la tierra y a los miles de turistas que eligen Pinamar específicamente por la libertad para usar sus vehículos todo terreno.
Por lo pronto, mientras se define el futuro legal de las dunas, el Ministerio de Seguridad bonaerense ya ha ordenado saturar los accesos norte. La discusión de fondo ha comenzado: ¿Será el verano de 2026 el último con camionetas y cuatriciclos dueños de los médanos?
