El Gobierno nacional dispuso un importante refuerzo de las medidas de seguridad aérea con motivo de la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La decisión contempla, bajo circunstancias excepcionales, la posibilidad de derribar aeronaves que sean declaradas hostiles y representen una amenaza concreta.
La disposición fue oficializada mediante el Decreto 1334/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y establece controles especiales sobre determinados sectores del espacio aéreo argentino.
Un operativo especial que incluye a Luján
Las medidas alcanzarán las áreas vinculadas con las actividades que desarrollará el Sumo Pontífice en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, esta última en territorio bonaerense.
Durante esas jornadas se espera una importante concentración de fieles, además de la participación de autoridades nacionales e internacionales, motivo por el cual se implementará un dispositivo extraordinario de vigilancia y protección.
¿En qué circunstancias podrá derribarse una aeronave?
La normativa establece que el uso de la fuerza será exclusivamente un último recurso, ante una amenaza comprobada contra la seguridad de las personas o de instalaciones estratégicas.
Antes de adoptar una decisión de semejante gravedad, deberán agotarse los procedimientos de identificación, interceptación, advertencia y órdenes de aterrizaje.
Además, el derribo requerirá la autorización expresa del ministro de Defensa, Carlos Presti, y no podrá ejecutarse simplemente porque una aeronave incumpla instrucciones de los controladores aéreos.
Restricciones al tránsito aéreo
El dispositivo también contempla restricciones temporales para los vuelos civiles en las zonas involucradas, que podrán incluir desvíos de rutas y limitaciones de circulación.
La coordinación estará a cargo del Comando Conjunto Aeroespacial, junto con las autoridades de aviación civil.
Las medidas tendrán vigencia desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre, inclusive, coincidiendo con la permanencia del Pontífice en el país.
El objetivo es garantizar la seguridad de las actividades religiosas y de las numerosas personas que participarán de un acontecimiento de especial trascendencia para la Argentina.
