La decisión de la jueza bonaerense Marta Elba Pascual de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires desató una fuerte polémica política y judicial que continúa creciendo.
La magistrada, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y frenó temporalmente en territorio bonaerense la aplicación de la Ley 27.801, que redujo de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede ser responsabilizado penalmente.
La resolución fue adoptada apenas 48 horas después de la entrada en vigencia del nuevo régimen. Un punto central para comprender el fallo es que Pascual no declaró inconstitucional la nueva ley ni resolvió definitivamente que los adolescentes de 14 y 15 años no puedan ser alcanzados por ella. La suspensión es preventiva y por un plazo de 60 días, y el argumento principal de la magistrada está relacionado con las condiciones actuales del sistema bonaerense para recibir a una cantidad mayor de menores privados de su libertad.
Según planteó, la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años y la posibilidad de períodos más extensos de encierro provocarán un incremento de la población alojada en instituciones juveniles, mientras existen dudas sobre si la Provincia dispone de establecimientos, profesionales y recursos suficientes para cumplir con las condiciones que exige el nuevo régimen.
Pascual salió este martes a defender públicamente su decisión y aseguró que la aplicación de una ley sin los mecanismos necesarios no resultará beneficiosa ni para la sociedad ni para los propios jóvenes. También sostuvo que encerrar a adolescentes sin educación, capacitación laboral ni tratamiento adecuado puede generar el efecto contrario al buscado y devolver posteriormente a la sociedad jóvenes con mayores niveles de violencia.
La jueza rechazó además las acusaciones de “garantista” que recibió tras conocerse el fallo. “Soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad”, afirmó, y remarcó que su responsabilidad también incluye procurar que los adolescentes que cumplen una medida puedan reinsertarse posteriormente en la comunidad.
La resolución provocó una inmediata reacción de dirigentes nacionales. Patricia Bullrich apuntó directamente contra el gobernador Axel Kicillof y cuestionó con dureza a la Justicia bonaerense, a la que calificó de “garantista”. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, también responsabilizó políticamente al mandatario provincial y cuestionó su silencio frente a la suspensión, mientras que el diputado nacional Luis Petri acusó a Pascual de haber impedido la aplicación de una ley sancionada por el Congreso.
Las críticas recibieron además el respaldo del presidente Javier Milei. Desde el Gobierno bonaerense, el ministro de Seguridad Javier Alonso respondió que reducir la edad de imputabilidad por sí sola no resuelve el problema y sostuvo que una reforma de esta magnitud necesita nuevos juzgados y fiscalías especializadas, establecimientos adecuados, infraestructura, profesionales y recursos económicos.
Alonso cuestionó al Gobierno nacional por reclamar la inmediata implementación del régimen sin garantizar, según su postura, los fondos necesarios para ponerlo en funcionamiento. La controversia sumó además un capítulo institucional de fuerte impacto: La Libertad Avanza anunció que buscará avanzar con un pedido de juicio político contra Marta Pascual a raíz de la suspensión del régimen en territorio bonaerense.
Mientras crece el enfrentamiento, la magistrada evitó responder directamente a Bullrich. “Yo con la exministra no voy a discutir”, señaló este martes.
De esta manera, una reforma que nació rodeada de debate político quedó ahora en el centro de una discusión todavía mayor: por un lado, quienes sostienen que adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves deben responder penalmente; por otro, quienes advierten que bajar la edad sin contar previamente con lugares adecuados, personal especializado y programas de educación y reinserción podría profundizar el hacinamiento y terminar agravando el problema de la inseguridad.
Por el momento, la nueva normativa permanece suspendida durante 60 días en la provincia de Buenos Aires, mientras continúa abierta la disputa judicial y política por su implementación.
