Apenas dos días después de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que redujo a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede ser considerado penalmente responsable, la Justicia bonaerense ordenó suspender preventivamente su aplicación durante 60 días en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. La decisión puso sobre la mesa un problema que genera preocupación: la falta de infraestructura y recursos suficientes para recibir a una mayor cantidad de menores privados de su libertad.
La medida fue adoptada este lunes 7 de septiembre por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes que podrían quedar alcanzados por el nuevo sistema.
El nuevo régimen había comenzado a aplicarse el sábado 5 de septiembre y uno de sus principales cambios es que los adolescentes de 14 y 15 años, que anteriormente se encontraban por debajo de la edad de imputabilidad, pueden quedar sometidos a un proceso penal. La modificación podría provocar un fuerte crecimiento de las causas: estimaciones realizadas en territorio bonaerense habían advertido que el incremento podría ubicarse entre el 40 y el 60%, mientras algunos integrantes de la Justicia consideran que podría ser todavía mayor.
Precisamente allí aparece uno de los mayores problemas. Un incremento de adolescentes sometidos a procesos penales también puede traducirse en una mayor demanda de lugares de alojamiento, profesionales especializados, dispositivos de seguimiento y recursos para garantizar que las medidas judiciales puedan cumplirse.
La nueva legislación establece que los menores privados de su libertad deben permanecer en establecimientos especialmente acondicionados y atendidos por personal capacitado. Además, no pueden compartir lugares de detención con adultos. Las alternativas previstas incluyen institutos abiertos, centros especializados de detención y, en determinados casos, arresto domiciliario.
En territorio bonaerense existe además una prohibición vigente de alojar menores de edad en comisarías, una restricción que la Suprema Corte de Justicia provincial ha ratificado. Esto significa que, ante un eventual crecimiento de las detenciones, no resulta posible recurrir a dependencias policiales como alternativa frente a la falta de vacantes en establecimientos especializados.
La jueza entendió que antes de ampliar la cantidad de adolescentes que pueden quedar sometidos al sistema penal debe garantizarse que existan las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias. Bajo ese argumento consideró que la Justicia no debe esperar a que se produzcan vulneraciones de derechos para intervenir y dispuso la suspensión preventiva durante 60 días mientras se analiza la situación.
El fallo generó inmediatamente una fuerte polémica política. Patricia Bullrich cuestionó la resolución y apuntó tanto contra el gobernador Axel Kicillof como contra sectores de la Justicia bonaerense, a los que acusó de mantener una postura excesivamente “garantista”. También sostuvo que los habitantes de la Provincia padecen la inseguridad mientras, según su postura, las decisiones políticas y judiciales terminan beneficiando a quienes delinquen.
Más allá del enfrentamiento político, la resolución judicial deja planteada una cuestión concreta que deberá resolverse en las próximas semanas: si la provincia de Buenos Aires cuenta realmente con suficientes institutos, plazas disponibles, profesionales y recursos para recibir a los adolescentes de 14 y 15 años que ahora pueden ingresar al sistema penal.
El interrogante cobra mayor importancia porque las estadísticas muestran que no se trata de un universo reducido. Durante 2025 se iniciaron en territorio bonaerense 1.857 procesos penales juveniles que involucraron a 1.828 menores, mientras que las estimaciones realizadas antes de la entrada en vigencia de la nueva legislación anticipaban un crecimiento considerable de expedientes con la incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años.
Por ahora, la aplicación del nuevo régimen quedó frenada preventivamente en la Provincia durante 60 días. Durante ese período deberá determinarse si existen las condiciones necesarias para ponerlo en funcionamiento sin provocar un desborde del sistema de responsabilidad penal juvenil, una discusión que ahora combina seguridad, infraestructura, recursos estatales y los derechos de los menores sometidos a procesos penales.
