La baja de la edad de imputabilidad a 14 años ya comenzó a aplicarse en Argentina. Después de los 180 días establecidos para preparar la implementación, este sábado 5 de septiembre entró formalmente en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil.
El cambio modifica de manera profunda el tratamiento penal de los delitos cometidos por adolescentes y reemplaza el régimen que permanecía vigente desde 1980. A partir de ahora, jóvenes de 14 y 15 años que antes quedaban fuera del sistema penal podrán ser sometidos a un proceso judicial bajo reglas específicas.
La entrada en vigencia generó una inmediata reacción política. Patricia Bullrich, actual jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza y una de las principales impulsoras de la reforma, celebró públicamente el inicio de la nueva etapa.
Qué dijo Patricia Bullrich sobre la baja de imputabilidad
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Bullrich resumió su postura con una frase contundente: “Si delinquís, las pagás”.
La senadora sostuvo además que con el nuevo régimen “se terminó la impunidad” y afirmó que quienes roben, maten o lastimen deberán responder penalmente por sus actos.
Su mensaje publicado en X volvió a poner el foco en uno de los argumentos centrales del Gobierno durante el debate legislativo: reforzar la respuesta penal frente a delitos cometidos por menores y dar mayor participación a las víctimas.
Qué cambia desde ahora con el nuevo Régimen Penal Juvenil
La Ley 27.801 establece un régimen específico para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 que sean imputados por delitos contemplados en el Código Penal o en leyes especiales.
| Punto clave | Qué establece la nueva ley |
|---|---|
| Edad mínima | 14 años |
| Edad máxima del régimen juvenil | Hasta antes de cumplir 18 años |
| Pena máxima de prisión | 15 años |
| Prisión perpetua | No está permitida |
| Lugares de detención | Institutos especializados y separados de adultos |
Los menores de 14 años continúan fuera del régimen sancionatorio penal. La Justicia, sin embargo, puede continuar investigando un hecho para determinar sus circunstancias y establecer si participaron otras personas.
No todos los delitos implican prisión
La reforma no establece automáticamente una pena de encierro para todos los casos. Para delitos cuya pena prevista sea de hasta tres años, la ley dispone reemplazar la prisión por medidas alternativas cuando se cumplan las condiciones establecidas.
Entre las herramientas que contempla el nuevo sistema aparecen:
- Amonestaciones judiciales.
- Prestación de servicios a la comunidad.
- Restricciones y reglas de conducta.
- Monitoreo electrónico.
- Reparación del daño causado a la víctima.
- Programas educativos, laborales y de tratamiento.
- Privación de libertad en domicilio o institutos especializados para los casos que correspondan.
En delitos más graves puede aplicarse la privación de libertad, aunque la ley prohíbe expresamente las penas de prisión y reclusión perpetuas para adolescentes. El límite máximo quedó fijado en 15 años.
INFOZONA ya había explicado los principales cambios de la Ley Penal Juvenil cuando el Congreso aprobó definitivamente la reforma.
Las provincias también deberán adaptar el sistema
La entrada en vigencia no depende solamente de la legislación nacional. La ley invita a las provincias y a CABA a adecuar sus procedimientos judiciales y administrativos para aplicar el régimen con jueces, fiscales, defensores y equipos especializados.
Esta semana, el Ministerio Público de la Defensa creó una unidad especial destinada precisamente a coordinar la implementación de la nueva normativa dentro de la defensa pública.
El régimen también prevé que los adolescentes detenidos permanezcan separados de las personas adultas y que las medidas adoptadas incorporen educación, formación laboral, salud y mecanismos orientados a la reinserción social.
Un cambio que seguirá generando debate
La baja de la edad de imputabilidad fue uno de los puntos más discutidos durante el tratamiento de la ley. El Gobierno sostiene que permite terminar con situaciones de impunidad y mejorar la protección de las víctimas.
Organismos especializados en infancia, en cambio, han insistido en que cualquier régimen penal juvenil debe garantizar penas proporcionales, medidas diferenciadas y que la privación de libertad sea utilizada bajo criterios estrictos.
Con la norma ya vigente, el foco pasa ahora de la discusión legislativa a su aplicación concreta: cómo responderán los tribunales, qué infraestructura tendrán las provincias y de qué manera se implementarán las nuevas sanciones para adolescentes de entre 14 y 17 años.
