El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires abrió una investigación sobre los préstamos que ofrecen billeteras virtuales y fintech después de recibir miles de denuncias de usuarios. El foco no está solamente puesto en cuánto cobran de interés: también se analizarán la forma en que cada aplicación determina el costo del crédito, la información que muestra antes de contratar y las prácticas utilizadas para reclamar las deudas.
Seis empresas quedaron bajo investigación

La medida fue anunciada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.
La Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores informó que durante el primer semestre de 2026 recibió 2.240 denuncias vinculadas con:
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- Mercado Pago
- Naranja Digital
- Ualá
- Personal Pay
- Brubank
- Cencosud
Las presentaciones incluyen presuntos incumplimientos a la normativa de Defensa del Consumidor, falta de información, acoso y hostigamiento en situaciones de deuda.
A partir de esos antecedentes, la Provincia abrió expedientes y comenzó a requerir información a las compañías.
Qué quiere saber la Provincia sobre los préstamos de las billeteras virtuales
Uno de los puntos más importantes de la investigación será determinar cómo se fija la tasa que termina pagando cada usuario.
A diferencia de un crédito tradicional con una tasa publicada de manera uniforme, las fintech pueden ofrecer condiciones diferentes según el perfil de cada cliente.
La Provincia solicitó a las empresas que expliquen cuáles son los criterios utilizados para determinar esas condiciones y, especialmente, cómo se compone el Costo Financiero Total (CFT).
Ese indicador es fundamental porque representa el costo real de endeudarse.
No incluye solamente la tasa nominal de interés, sino también otros gastos, cargos, impuestos y conceptos que pueden terminar elevando considerablemente lo que finalmente deberá devolver el usuario.
Los principales puntos bajo análisis
| Qué investiga la Provincia | Qué busca determinar |
|---|---|
| Tasas de interés | Cómo se determina la tasa ofrecida a cada usuario |
| Costo Financiero Total | Qué conceptos integran realmente el monto final |
| Información previa | Si las condiciones se muestran de forma clara antes de aceptar |
| Botón de arrepentimiento | Si está disponible y es fácilmente accesible |
| Cobranza de deudas | Si existen prácticas de acoso u hostigamiento |
| Términos y condiciones | Si contienen cláusulas contrarias a los derechos del consumidor |
El ministro Costa sostuvo que existen casos en los que resulta difícil para el usuario conocer de antemano cuánto terminará pagando y señaló que la Provincia quiere conocer los parámetros que utilizan los algoritmos para asignar las condiciones crediticias.
Por qué dos personas pueden recibir préstamos con tasas diferentes
Este es uno de los aspectos más novedosos del expediente.
Las aplicaciones financieras poseen una gran cantidad de información sobre sus usuarios: movimientos de dinero, consumos, antecedentes de pagos y comportamiento dentro de la plataforma, entre otros elementos.
Esos datos pueden utilizarse para establecer perfiles de riesgo y generar ofertas de crédito personalizadas.
El problema que plantea la Provincia no es necesariamente que exista una diferenciación de tasas, sino si el consumidor recibe información suficiente para entender por qué se le ofrece determinada condición y cuál será el costo final del préstamo.
Kicillof cuestionó que por una misma clase de financiamiento puedan existir costos diferentes determinados mediante una gran cantidad de parámetros que el usuario desconoce.
También investigan el botón de arrepentimiento
Otro punto bajo análisis resulta mucho más concreto.
La normativa nacional establece que los proveedores que comercializan bienes o servicios a distancia deben ofrecer un “botón de arrepentimiento” visible, que permita al consumidor revocar una contratación dentro del plazo establecido.
Según la información difundida por la Provincia, entre las situaciones detectadas aparecen casos en los que ese acceso no estaría disponible de manera clara desde el primer ingreso a la aplicación.
La investigación buscará determinar si las plataformas cumplen efectivamente con esa obligación en los productos crediticios ofrecidos a sus usuarios.
Acoso y hostigamiento para cobrar deudas
La investigación no se limita al momento en que se solicita el préstamo.
Una parte importante de las 2.240 denuncias corresponde a las formas de cobranza utilizadas cuando una persona cae en mora.
La Defensoría del Pueblo bonaerense también puso el foco durante agosto en denuncias por mensajes o contactos dirigidos a familiares, amigos o conocidos de personas endeudadas.
Desde el organismo advirtieron que algunas de estas prácticas son percibidas por los afectados como mecanismos de presión para conseguir el pago.
La situación adquiere especial relevancia porque distintos usuarios denunciaron también el uso de datos personales de terceros para reclamar obligaciones ajenas. Especialistas consultados por Chequeado señalaron que este tipo de prácticas puede entrar en conflicto con normas de protección de datos y derechos de los consumidores.
El endeudamiento para gastos básicos creció en la Provincia
La medida aparece además en un contexto de fuerte crecimiento del endeudamiento familiar.
Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense realizado sobre 1.408 respuestas en 97 municipios encontró que el 56,6% de los hogares había recurrido a un préstamo durante los últimos doce meses.
Entre quienes se endeudaron, el 73,5% todavía no había logrado cancelar completamente esa deuda al momento del estudio.
El trabajo muestra además que buena parte del financiamiento ya no se destina a compras extraordinarias.
Las familias recurren al crédito para cubrir:
- Alimentos.
- Medicamentos.
- Servicios públicos.
- Alquiler.
- Otros gastos cotidianos.
Este fenómeno es lo que algunos especialistas comenzaron a definir como “endeudamiento de subsistencia”.
La mora en billeteras virtuales también aumentó
Durante la presentación de las medidas, el Gobierno bonaerense mostró datos sobre la evolución de la morosidad.
Según las cifras expuestas por Kicillof, la proporción de usuarios en mora dentro de las billeteras virtuales pasó del 5,7% al 24,5% durante los últimos dos años y medio.
En las entidades financieras no bancarias, el indicador pasó del 17,5% al 43%, mientras que en los bancos avanzó del 2,5% al 12,8%.
Desde la Provincia estiman que aproximadamente el 60% de la población adulta argentina mantiene algún tipo de deuda y que cerca de seis millones de personas se encuentran en mora.
¿La Provincia puede obligar a bajar las tasas?
Este punto requiere una distinción importante.
El Gobierno bonaerense no tiene facultades para establecer directamente las tasas de interés generales del sistema financiero o regular el funcionamiento macroprudencial de las fintech.
Esa competencia corresponde principalmente al Gobierno nacional y al Banco Central.
Augusto Costa reconoció que la Provincia no puede regular las billeteras virtuales como autoridad financiera, pero sostuvo que sí puede intervenir cuando detecta posibles incumplimientos de la Ley de Defensa del Consumidor.
Por eso, la investigación no implica que Buenos Aires vaya a fijar una tasa máxima para Mercado Pago, Ualá u otras plataformas.
Lo que puede hacer es exigir:
- Información clara y precisa.
- Corrección de cláusulas consideradas abusivas.
- Cumplimiento de los derechos de los consumidores.
- Modificación de prácticas de cobranza irregulares.
- Aplicación de sanciones económicas cuando corresponda.
Las multas podrían superar los $1.800 millones
Las empresas deberán ahora presentar sus descargos y responder los requerimientos enviados por la Provincia.
Si durante el procedimiento se comprueban infracciones a la normativa de Defensa del Consumidor, las sanciones pueden ser significativas.
El Ministerio de Producción informó que las multas previstas pueden llegar actualmente hasta $1.883 millones, además de la obligación de revertir las prácticas o cláusulas que sean consideradas irregulares.
Esto no significa que las seis compañías recibirán automáticamente esa sanción.
Primero deberá avanzar el procedimiento administrativo, analizarse la documentación aportada por cada empresa y establecerse si efectivamente existieron incumplimientos.
Mercado Libre ya había sido investigada por sus contratos
La ofensiva provincial contra determinadas prácticas de las plataformas no comenzó en agosto.
En mayo, Defensa del Consumidor inició una actuación de oficio contra MercadoLibre S.R.L. por más de diez cláusulas de sus contratos de adhesión que consideró potencialmente contrarias a la legislación vigente.
Según informó posteriormente el Gobierno bonaerense, la compañía revisó parte de las cláusulas cuestionadas después de la intervención provincial.
Ese antecedente es relevante porque muestra que el nuevo expediente sobre créditos no se limita a una discusión política sobre las tasas, sino que forma parte de una serie de actuaciones administrativas de Defensa del Consumidor.
Qué puede hacer una persona que tenga problemas con una billetera virtual
Mientras avanza la investigación, los usuarios bonaerenses pueden iniciar un reclamo si consideran que una empresa incumplió las condiciones acordadas o vulneró sus derechos.
La Provincia permite realizar presentaciones mediante la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor o en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del distrito correspondiente.
El trámite es gratuito y no requiere abogado ni gestor. Para realizarlo conviene conservar contratos, capturas de pantalla, correos electrónicos, comprobantes de pago y cualquier comunicación relacionada con la deuda o el préstamo.
La investigación provincial recién comienza. El próximo paso será conocer las respuestas de las empresas y determinar si las condiciones de los préstamos, sus mecanismos de contratación y las formas utilizadas para cobrar las deudas cumplen con la normativa vigente.
