El Fondo Monetario Internacional (FMI) puso condiciones firmes sobre el esquema impositivo de la Argentina en su última auditoría anual bajo el Artículo IV. Con la meta de consolidar el equilibrio fiscal, el organismo multilateral diseñó una propuesta de reforma integral que busca incrementar los ingresos del Estado en un equivalente al 3,3% del PBI. El plan pone la lupa de forma directa sobre dos pilares de la recaudación diaria: el Impuesto a las Ganancias para personas humanas y el régimen simplificado del Monotributo.
Para los técnicos del Fondo, la configuración actual de estos tributos presenta fallas estructurales que licúan los ingresos públicos y abren canales para la elusión. El propósito final de estas exigencias es generar una base de recaudación sólida que permita compensar en el futuro la quita de gravámenes distorsivos que frenan la economía, como las retenciones al campo y el impuesto al cheque.
El plan para que más trabajadores vuelvan a pagar Ganancias
El cuestionamiento central del FMI al Impuesto a las Ganancias apunta a la fuerte reducción de la base de contribuyentes en el país. El reporte detalla que la recaudación por este concepto apenas alcanza el 1,8% del PBI, una cifra extremadamente baja si se la compara con los estándares de la región y de las naciones que integran la OCDE.
Para revertir esta tendencia, el organismo técnico recomendó bajar el umbral de exención impositiva de manera drástica. El objetivo concreto es lograr que al menos el 20% de los empleados formales con mayores ingresos vuelvan a quedar alcanzados por el tributo, restableciendo el universo de aportantes que existía en el año 2019. Según las estimaciones del Fondo, esta ampliación de la base, sumada a la quita de exenciones sectoriales, inyectaría de manera inmediata recursos equivalentes al 0,4% del PBI a las arcas del Estado.
Monotributo: el pedido de aumentar las cuotas para achicar la brecha
El régimen del Monotributo también recibió duras críticas en los documentos del organismo internacional. Si bien el FMI reconoció el valor de la herramienta para facilitar la formalización de pequeños comercios o cuentapropistas y darles cobertura social, advirtió que genera una enorme asimetría con el Régimen General.
El diagnóstico señala que los valores de pago fijos y los saltos abruptos entre categorías incentivan la subdeclaración de ingresos o la división artificial de facturaciones para no dar el salto hacia Autónomos, donde la presión fiscal es muy superior. Para mitigar este comportamiento, el Fondo solicitó un incremento general en las alícuotas y en los componentes destinados a la seguridad social dentro del sistema simplificado. Adecuar estos parámetros impositivos y suavizar el paso hacia el régimen general aportaría al fisco entre un 0,4% y un 1% adicional del PBI.
La respuesta del Gobierno frente a las presiones del Fondo
Si bien las exigencias del FMI quedaron plasmadas con claridad en los informes técnicos, su implementación práctica en el corto plazo generó definiciones políticas directas por parte de las autoridades locales. El Poder Ejecutivo ratificó su intención de enviar un proyecto de reforma tributaria integral antes de que termine el año 2026, con el fin de simplificar el sistema sin alterar el nivel de ingresos actual.
Sin embargo, desde la Casa Rosada marcaron límites estrictos sobre los tiempos y rechazaron de plano aplicar las subas de inmediato. El equipo económico aclaró que un endurecimiento en las escalas del Monotributo o una baja en los mínimos no imponibles de Ganancias para golpear el bolsillo de la clase media no forman parte de la agenda de medidas urgentes a ejecutar.
