El Gobierno nacional oficializó la venta de 21 inmuebles pertenecientes al Estado, en el marco de una política de ajuste y reorganización del patrimonio público que también impacta de lleno en la provincia de Buenos Aires.
La medida fue establecida mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, que autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer de propiedades consideradas “innecesarias” o sin uso definido.
Qué propiedades se venderán en la provincia
Dentro del paquete de inmuebles, al menos 11 están ubicados en territorio bonaerense, distribuidos en distintas localidades del interior de la provincia.
Entre ellos se destacan:
- Terrenos en Salazar (partido de Daireaux)
- Parcelas en Mariano H. Alfonzo (Pergamino)
- Predios en Barrow (Tres Arroyos), incluyendo terrenos ferroviarios de gran extensión
- Un inmueble en Pablo Podestá (Tres de Febrero)
En algunos casos, se trata de terrenos vinculados a antiguas infraestructuras ferroviarias o espacios públicos en desuso, que fueron desafectados de su función original.
El argumento del Gobierno
Desde el Ejecutivo nacional sostienen que la iniciativa apunta a:
- Reducir costos de mantenimiento de propiedades ociosas
- Generar ingresos fiscales mediante su venta
- Achicar el tamaño del Estado
El decreto señala que estos bienes “resultan innecesarios para la gestión” y que mantenerlos implica gastos evitables.
Además, la operatoria se realizará a través de subastas públicas, bajo el régimen vigente para la disposición de bienes del Estado.
Preocupación y debate en Buenos Aires
La decisión generó inquietud en distintos sectores, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra una parte importante de los inmuebles incluidos.
Algunos cuestionamientos apuntan a que:
- Se trata de tierras estratégicas o con potencial productivo
- Podrían perderse activos públicos clave
- No está claro el destino final de esos terrenos tras su venta
Incluso, desde algunos sectores se comenzó a hablar de una política de “inmobiliaria estatal” orientada a desprenderse de activos fiscales en todo el país
