La situación en la Costa Atlántica atraviesa horas críticas luego de que el Gobierno Nacional ordenara el desalojo inmediato de las familias que habitan el histórico Complejo Turístico de Chapadmalal. La sorpresiva medida administrativa encendió las alarmas de los sindicatos estatales, reavivando el debate sobre el futuro de la actividad turística estatal en Argentina.
Según la notificación oficial conocida este sábado 18 de abril de 2026, los residentes tienen un plazo máximo de 10 días corridos para abandonar los pabellones. Estos espacios han sido ocupados históricamente por el personal encargado del mantenimiento integral y la seguridad del extenso predio costero.
Intimación oficial y un plazo de 10 días para desocupar el predio
La decisión del Ejecutivo afecta de manera directa a más de 30 familias, totalizando alrededor de 50 personas intimadas, quienes ahora enfrentan la severa incertidumbre de perder no solo su fuente laboral, sino también el hogar donde muchos residen desde hace más de veinte años. En los documentos oficiales, las autoridades catalogaron esta ocupación como “irregular”.
Sin embargo, los empleados afectados rechazan esta categorización y denuncian que las viviendas fueron otorgadas originalmente por su empleador como parte esencial de su contrato de trabajo estatal, desmintiendo de manera categórica que se trate de una usurpación o toma ilegal de las instalaciones.
| Aspecto del Conflicto | Detalle Oficial y Sindical |
|---|---|
| Familias afectadas | Más de 30 hogares (aproximadamente 50 empleados de mantenimiento). |
| Plazo otorgado | 10 días corridos según la intimación formal del Estado. |
| Argumento del Gobierno | Ocupación calificada como “irregular” y despeje para avanzar en licitaciones. |
| Defensa gremial | Las viviendas integran las condiciones laborales; rechazan el mote de “intrusos”. |
| Salarios del sector | Promedios entre $500.000 y $1.000.000, según informaron voceros sindicales. |
El rol de la AABE y la estrategia para concesionar la unidad turística
El trasfondo de este ultimátum habitacional radica en un profundo cambio de paradigma sobre la administración de los bienes del Estado. Durante 2025, la Secretaría de Turismo transfirió formalmente el complejo a la AABE tras declararlo “prescindible”, apoyándose en las facultades otorgadas por la Ley de Bases y la declaración de emergencia pública.
El objetivo central de la actual administración es avanzar hacia un esquema integral de concesiones a 30 años orientado a inversores privados. Bajo este nuevo modelo, los adjudicatarios no estarían obligados a pagar un canon monetario tradicional, sino que deberán comprometerse a ejecutar un ambicioso plan de conservación y restauración edilicia.
Es importante destacar que el predio fue declarado patrimonio histórico y cultural en el año 2013. Esta protección legal prohíbe terminantemente su venta o enajenación directa, dejando a la concesión a largo plazo como la única herramienta jurídica viable para transferir su operación operativa al sector privado.
El apoyo del sector privado y el interés inversor en la Costa Atlántica
Mientras el conflicto social y laboral escala, diversas cámaras hoteleras y empresarios turísticos manifestaron su abierto apoyo a la iniciativa gubernamental. Para el sector privado, la gestión y explotación de estos espacios de gran escala debe recaer exclusivamente en manos de especialistas del mercado, evitando que el Estado asuma el costo de su mantenimiento.
De hecho, en las etapas previas a esta última intimación, el Gobierno ya había comenzado a recibir propuestas formales de licitación para los Hoteles 2 y 7 del complejo, marcando el inicio de una reconversión comercial que busca atraer a un segmento de turismo con mayor poder adquisitivo.
Para el ámbito empresarial, la salida del Estado de la actividad hotelera representa una oportunidad histórica para modernizar la infraestructura y competir a nivel regional, argumentando que el antiguo modelo subsidiado resulta financieramente insostenible bajo las actuales políticas de déficit cero.
La postura de los gremios y las inminentes acciones legales
Ante la celeridad del accionar gubernamental, la resistencia de los sindicatos estatales se organizó rápidamente. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anticiparon que las familias no entregarán las viviendas, y confirmaron que ya se encuentran diseñando una estrategia jurídica para frenar el desalojo en los tribunales.
Los representantes de los trabajadores sostienen firmemente que la AABE no es su empleador directo y, por lo tanto, carece de potestad legal para alterar unilateralmente sus condiciones de vida y trabajo, advirtiendo que no acatarán ninguna orden que no cuente con la firma de un juez competente.
- Rechazo absoluto al rótulo judicial de “intrusos”, aportando documentación que avala años de residencia autorizada por el propio Estado Nacional.
- Exigencia de respuestas urgentes a la Jefatura de Gabinete y a las máximas autoridades de Turismo, quienes hasta el momento no han emitido declaraciones oficiales sobre el conflicto.
- Defensa irrestricta de los puestos de trabajo directo frente al inminente proceso de tercerización y concesión de la hotelería en Chapadmalal.
Historia y deterioro de un símbolo del turismo social argentino
Construido a fines de la década de 1940 con el propósito fundacional de democratizar las vacaciones, el complejo de Chapadmalal llegó a albergar simultáneamente a más de 8.000 personas en su época de máximo esplendor, transformándose en el mayor emblema del turismo social para la clase trabajadora de Argentina.
A pesar de que existió una millonaria inversión superior a los 7.000 millones de pesos ejecutada en 2022 para intentar recuperar su operatividad, gran parte de los nueve hoteles volvieron a evidenciar severos problemas estructurales, lo que aceleró la decisión libertaria de clausurar definitivamente la gestión estatal del predio.
Hoy, el futuro de esta monumental obra arquitectónica frente al Mar Argentino transita horas definitorias. El desenlace judicial y político de los próximos 10 días será fundamental para trazar el destino de decenas de trabajadores y marcará el inicio formal de una nueva etapa privatizada para la histórica villa balnearia.
