Intendentes de la provincia de Buenos Aires protagonizaron este miércoles una fuerte movilización hacia el Ministerio de Capital Humano para exigir el envío de fondos que, según denunciaron, el Gobierno nacional adeuda para sostener la asistencia alimentaria de millones de chicos.
La protesta estuvo encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque, junto a jefes comunales alineados con la gestión de Axel Kicillof. El reclamo apuntó directamente contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El eje central del conflicto es el financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y los comedores comunitarios, en un contexto de creciente demanda social y deterioro económico que, según los intendentes, pone en riesgo la alimentación de miles de familias en territorio bonaerense.
La delegación tenía previsto entregar un documento formal con firmas de intendentes y funcionarios provinciales. Sin embargo, al llegar a la sede de la cartera nacional, denunciaron que la Policía Federal mantenía cerradas las puertas por decisión de Pettovello, lo que obligó a trasladar el reclamo hacia otra dependencia ubicada sobre la avenida 9 de Julio.
Durante la manifestación, Larroque fue contundente: aseguró que el incremento presupuestario proyectado para el SAE “es del 4%, muy por debajo de la inflación”, y cuestionó la falta de respuesta del Gobierno nacional. “Viven en otra realidad y les pedimos que se hagan cargo”, expresó.
La tensión escaló aún más cuando los dirigentes se encontraron con un cartel en el edificio con duras críticas hacia la administración provincial. El mensaje sugería que los intendentes debían reclamar a su propio gobierno, lo que fue calificado por Larroque como “una provocación”.
En paralelo, un documento impulsado por el PJ bonaerense alertó sobre un “desfinanciamiento inédito” del sistema alimentario, acompañado por indicadores sociales preocupantes: caída del poder adquisitivo, aumento de la pobreza y una demanda creciente en comedores escolares y comunitarios.
El conflicto suma un nuevo capítulo en la disputa entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional, en medio de un escenario económico cada vez más complejo y con la asistencia social en el centro de la escena.
